El Gobierno central adjudica el contrato para levantar el centro de refugiados de Arana

A la licitación del contrato concurrieron tres empresas: la guipuzcoana Amenabar, la alavesa Zikotz y la finalmente seleccionada (Seranco), con sede en Pozuelo de Alarcón. La mesa de contratación ya se inclinó por ella el pasado 8 de marzo, según consta en la documentación del expediente a la que ha tenido acceso este periódico, pero no fue hasta el martes cuando la Secretaría de Estado de Migraciones la validó.

En el proceso se excluyó la oferta de la guipuzcoana Amenabar (más económica) por no cumplir «con todos los requisitos» de carácter técnico. El procedimiento administrativo fija, en todo caso, un plazo de diez días para que el resto de candidatos recurra la decisión.

El expediente contempla un plazo de cuatro meses para redactar el proyecto de rehabilitación de la Clínica Arana y presentarlo. Una vez se apruebe ese documento se dispondrá de un año para acometer las obras y dejar el inmueble listo para su nuevo uso. En la oferta, para obtener más puntuación, Seranco se ha comprometido a reducir en cuatro meses el tiempo de construcción (años y medio en total) y en 20 días la redacción del proyecto.

El paso dado ahora por el Gobierno central reabre un asunto que crispó la relación PNV-PSE hasta el extremo de cruzarse acusaciones de «xenofobia» o «demagogia». El Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Álava y el ala nacionalista del Gobierno vasco rechazaron el proyecto por no responder a su «modelo de atención individualizada». Hablaron de «macrocentro» e incluso del riesgo de «guetización». El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, llegó a situar a los jeltzales cerca de «la extrema derecha».

El Consistorio vitoriano, con Gorka Urtaran a la cabeza, fue el que abanderó el descontento con esa operación. Sin embargo, el 28-M el PNV perdió la Alcaldía en favor de su socio, el PSE, lo que cambia significativamente el escenario político municipal. Donde sí es previsible un rechazo frontal al futuro equipamiento es en el Gobierno foral, y no solo por la continuidad de Ramiro González como diputado general, sino porque la cartera de Políticas Sociales ha recaído precisamente en Urtaran.

El servicio social que se proyecta en la antigua clínica Arana -con dos edificios habilitados para su uso- sumará más metros cuadrados que los otros cuatro de estas características ya edificados en el país: dos en Madrid (Vallecas y Alcobendas), uno en Mislata (Valencia) y un cuarto en Sevilla. El Ejecutivo central proyecta otros seis emplazamientos más en el Estado: Tàrrega (Lleida), Soria, Mérida, Parayas (Cantabria), Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Valladolid.