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Han transcurrido ya dos años desde el cierre definitivo de Garoña (1 de agosto de 2017), y seis desde que en diciembre de 2012 la central nuclear se desconectó de la red y sus dueños dieron por amortizada la instalación. En ese tiempo, apenas se ... ha avanzado en el desmantelamiento, un proceso que a partir de su inicio, que aún no se ha producido, podría prolongarse 10 o 12 años, incluso más si se observa el recorrido de otras plantas atómicas españolas. Entretanto, los municipios del entorno (son 14, dos de ellos alaveses) reivindican impulsar una economía ligada a la central burgalesa desde 1970 (en 2020 se cumplirá medio siglo desde su inauguración).
Atendiendo a la cronología más reciente, tras la parada de la instalación, a finales de 2013 Nuclenor (propietaria de la planta) descargó el combustible del reactor. El siguiente paso, que estaba previsto para el segundo semestre de este año, consistiría en almacenar los residuos de la piscina en varios contenedores que serían depositados inicialmente en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la propia central burgalesa, una tarea que le corresponde a la compañía pública Enresa. Después, el material radiactivo se trasladaría al Almacén Temporal Centralizado (ATC), el cementerio nuclear de España proyectado en Villar de Cañas (Cuenca) que aún no existe y permanece paralizado. De fondo, un Gobierno central que sigue en funciones y estableció el 'apagón' nuclear entre 2028 y 2035.
Sin cementerio nuclear
¿En qué punto se encuentra ahora Garoña? «El desmantelamiento aún no ha arrancado», transmite Mariano Vila desde la Agrupación de Municipios Afectados Por Centrales Nucleares (AMAC). «Nuclenor está con las labores de preparación para el desmantelamiento, de lo que se encargará Enresa, y esta no tomará la titularidad hasta que el plan esté aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear, y la propiedad, Nuclenor, haya realizado los trabajos previos». Respecto a ese plan, el pasado marzo Enresa adjudicó la redacción de los trabajos de ingeniería que diseñarán el desmantelamiento. En abril, el Ministerio de Transición Ecológica trasladó que la previsión es que el proyecto esté listo este año. Pero el desmontaje no arrancaría antes de 2020 o 2021.
En paralelo, los municipios afectados claman por que se active la zona. «La agilización del desmantelamiento sería la transición que nos beneficiaría para que haya perspectivas laborales y no sea demasiado tarde», señala Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina (municipio donde se ubica Garoña). Desde el cierre «hay menos actividad. Nos vemos con una carencia absoluta de iniciativa empresarial. Es muy paulatino, pero se nota». A raíz de la clausura, recuerda la regidora, 14 municipios se unieron para diseñar un plan de reactivación que esperan que respalden las administraciones.
30 kilómetros separan Garoña de los dos municipios alaveses que forman parte de los 14 en el radio de influencia de la central. Pero en el lado vasco el cierre apenas ha afectado porque «aquí no vivía ningún empleado, no se ha notado absolutamente nada, todo está igual que antes», explica Juan Carlos Ramírez Escudero, alcalde de Valdegovía, que se limita a reclamar «que se cumplan los plazos de desmantelamiento y las medidas de seguridad que se fijaron». Javier Uriarte, regidor de Lantarón, apunta que la clausura «no nos afecta, recibimos la cuota económica porque sigue habiendo residuos por parte de Enresa».
Al estar entre los núcleos impulsores del documento elaborado por los ayuntamientos para dinamizarla zona, un plan que conocen «las diputaciones de Álava y Burgos, el Gobierno vasco y la Junta de Castilla y León» y que «está entregado en Madrid», ahora «estamos esperando a que, si algún día se forma Gobierno, colaboren por el desmantelamiento y los pueblos afectados sin recursos». «Esperamos que las diputaciones se involucren», pide Roberto Porres, edil en Valdegovía. Sobre el desmantelamiento, Uriarte asume que «va para largo». «Se comenta que podría empezar dentro de 2 o 3 años» a los que luego seguirán «entre 10 y 13 hasta que terminen».
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