Castilla y León contratará un estudio para resucitar la central de Garoña

Todo ignorando el desinterés de los dueños de la empresa (Endesa e Iberdrola son Nuclenor) y la negativa rotunda del Ejecutivo de Pedro Sánchez a reabrir este melón (tiene la competencia en legislación nuclear). Es el último episodio del avispero que Vox comenzaba a agitar en la vecina comunidad autónoma hace dos meses y que ha terminado por fagocitar a su socio en Valladolid, al que apuntala en el Gobierno.

La formación de extrema derecha, con Juan García-Gallardo en la vicepresidencia, impulsa lo que define como un «renacer del modelo energético» en el actual contexto de incertidumbre por la invasión de Ucrania. Y lo hace abanderando no solo la planta del Valle de Tobalina, a 43 kilómetros de Vitoria. También, la vuelta al 'fracking'. El presidente popular Alfonso Fernández Mañueco y su equipo han optado por mantener un perfil bajo -su máxima venía siendo «sólo si la empresa quiere»-. Pero finalmente dieron luz verde hace un par de semanas en su Parlamento a ese estudio de viabilidad que censura toda la oposición. Al principio se criticó como la «búsqueda del titular fácil». Pero el detalle del borrador de los presupuestos de la región para el próximo año revela que hay intención de financiarlo, según ha podido saber este periódico. ¿El concepto? 'Estudio Plan de Promoción Industrial Nuclear'. ¿Las partidas? 200.000 euros para 2023 y 160.000 asociados a cada una de las siguientes anualidades. Se aprobaría en enero.

«Estaremos expectantes, pero si finalmente se adjudica el contrato iremos a los tribunales. Estamos hablando del uso de dinero público para algo que tendría que hacer una empresa privada y en una materia en la que no se tiene competencias. Eso es malversación», denuncia Esther Peña, diputada del PSOE por Burgos, el principal partido de la oposición. Ciudadanos y Podemos también están «vigilantes» y se reservan el derecho a iniciar acciones judiciales.

La vicepresidencia de la Junta excusó a este periódico cualquier valoración de García-Gallardo «por cuestiones de agenda». Y emplazó al contenido del texto aprobado en las Cortes de Castilla y León. El documento habla de «disposición favorable a que si se presenta un proyecto técnica y económicamente viable, se pueda reabrir la Central Nuclear de Santa María de Garoña». También pide calibrar la «idoneidad del Valle de Tobalina para albergar instalaciones de generación de energía nuclear (...) actualización de las existentes o nuevas». Y en última instancia, solicita al Gobierno central que siga los mismos pasos de forma «urgente» con «otro estudio técnico» generalizado para que las centrales «permitan fortalecer la soberanía energética de España».

La cuestión es que el ruido político envuelve una realidad: Garoña se encuentra en fase terminal y Nuclenor, pillada a contrapié, sostiene que este es un punto de no retorno. Lo que pretende la Junta no le sale a cuenta. No es rentable. «Transcurridos más de 5 años desde la declaración de cese definitivo de la central, ejecutadas las desconexiones y desmontajes para avanzar en el desmantelamiento, y teniendo en cuenta las autorizaciones, los muy elevados costes y plazos requeridos que serían similares a los de una nueva autorización, no es viable reabrir Garoña», refuerza.

Un 'no' tanto o más contundente da el Gobierno central, que (se insiste) tiene las competencias. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha llegado a calificar la iniciativa de Valladolid como una «salida de pata de banco». «Es una ocurrencia ideológica que no se corresponde con ninguna hipótesis medianamente seria ni solvente». Reabrir Garoña es «imposible e inviable», aseguró en una comparecencia en el Senado.

¿Qué se quiere determinar con ese estudio de Castilla y León? En síntesis, si la planta, construida en 1971 con un solo reactor y una potencia de 466 MW, podría reactivarse en 2030. Eso sí, con dos nuevos reactores de última generación que técnicamente se conocen como SMR (Small Modular Reactors).

Expertos consultados por este periódico explican que, de entrada, «quizás» algunas infraestructuras ya existentes en el recinto (subestación y tendidos de red) podrían servir para evacuar la electricidad. Pero el encaje técnico y legal de esos reactores SMR «de pequeño tamaño y modulares» no está tan claro. Consideran que esta tecnología es casi un prototipo, así que sin descartarla, sí se subraya que la rentabilidad «sería a muy largo plazo». Y en todo caso, requeriría actualizar el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (Penbu), que tiene tantos años como la propia central (51), y cambiar la normativa estatal.

El presente es otro. Garoña está en fase final de «transición a un desmantelamiento» que no ha comenzado per sé porque Enresa, la empresa pública española responsable de la gestión de los residuos radiactivos, aún debe recibir del Ministerio de Ribera la correspondiente autorización de transferencia de titularidad. Y el proceso va con retraso. El cambio de propiedad se pidió hace dos años y no será hasta el primer trimestre de 2023 cuando el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) emita informe favorable. Los Presupuestos Generales del Estado prevén 19 millones de euros para ese desmantelamiento.

Enresa, en cualquier caso, ya está dirigiendo la transición, con operaciones de 'limpieza' como la evacuación del combustible gastado. El pasado julio se cargó el primer contenedor especial con este tipo de residuo. Cuatro más se llenarán de forma inminente para ser llevados a un almacén temporal en la propia central.

La empresa pública necesitará un total de 51 de estos enormes envases -miden cinco metros y pesan 71 toneladas- para almacenar todo el combustible de la piscina radioactiva. El plan de trabajo de esta fase inicial, según la propia Enresa, también prevé desmontar las estructuras de mayor tamaño del edificio de turbinas. En todo caso, la extinción de Garoña requerirá una década.