El Gabinete Urtaran dice que el Gobierno vasco está «casi obligado» a recurrir la licencia del gas

El Gobierno vasco, a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), cuenta con un mes para presentar un recurso de reposición y dos meses para iniciar un proceso judicial. En el caso del primero, la propia Oregi admitió que «no tiene recorrido», ya que se toparía con la misma normativa urbanística que la tumbó el pasado diciembre. En este sentido, un nuevo informe técnico de Urbanismo ratificó la «prohibición» de realizar labores de prospección «en la parcela seleccionada y en las colindantes».

Pero la segunda vía, la de conducir la cuestión a los tribunales, es la que alimenta la postura del PNV, a pesar de que se quedó solo en la defensa del proyecto tanto en el Pleno del Ayuntamiento como en las Juntas Generales de Álava. El Ayuntamiento recuerda que la declaración de impacto ambiental «no es concluyente», y que menciona en dos ocasiones la posibilidad de acudir a la Justicia para resolver las contradicciones entre el Plan General de Vitoria (PGOU) y las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) del Gobierno vasco o la declaración del ministerio. «Es un documento curioso porque deja la vía abierta. Si fuera concluyente, estaríamos en una situación muy distinta», afirma Oregi.

A día de hoy, sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha remitido el informe urbanístico y la denegación de la licencia al Gobierno vasco, de modo que el plazo aún no ha comenzado a descontarse para presentar un eventual recurso. Las palabras de la concejala secundan las últimas declaraciones del PNV. Mientras que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, advirtió de que el sondeo de gas «todavía tiene recorrido», el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, optaba por explorar la vía judicial en una reciente entrevista con este periódico.

Los grupos de la oposición han vuelto a poner de relieve su «preocupación» por la firme postura de la formación jeltzale. El portavoz de Elkarrekin, Óscar Fernández (Equo), ha insistido en «despejar la amenaza del gas de la Green Capital». El grupo morado puso el rechazo de la licencia de actividad como línea roja para negociar los presupuestos municipales, algo que se solventó en primera instancia con el último informe urbanístico. Con la pelota en el tejado de Lakua, ha optado por retomar la negociación presupuestaria, que se encuentra en su recta final, y trasladar la «pelea del gas» al Parlamento vasco.

Miren Larrion (EH Bildu), por su lado, ha lamentado que el Gabinete Urtaran salve sus Cuentas pese a insistir en el proyecto energético. «Sabemos que Elkarrekin es el socio preferente del gobierno, pero acabamos de ver que Ana Oregi prácticamente anima al Gobierno vasco a recurrir la decisión. Necesitamos una reflexión que busque lo que necesita la ciudad», ha sentenciado la portavoz de la primera fuerza de la oposición.