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El Gobierno en minoría del PSE-PNV tiene un año para modificar de nuevo la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones (ZBE) y ... vetar el paso al Casco Viejo y parte del Ensanche de los coches que no pertenezcan a vecinos, lo que se denomina área de prioridad residencial (APR), tras el acuerdo alcanzado esta tarde 'in extremis' con EH Bildu y que evita que Vitoria pierda las subvenciones europeas. Y es que la ZBE que se va a aprobar el viernes de la semana que viene en pleno es menos restrictiva de lo previsto y este plazo de un año para cerrar el tráfico en el centro es una de las condiciones impuesta por la coalición que lidera Rocío Vitero para seguir manteniendo su apoyo a un plan que el Gabiente Etxebarria ha modificado esta semana por sorpresa. Sin poner en antecedentes a la coalición abertzale, su valedora en la aprobación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales.
Tras 24 horas en las que la aprobación de la zona de bajas emisiones ha estado en el aire por el más que evidente malestar de EH Bildu, el plan 'light' de la zona de bajas emisiones sigue su tramitación y no habrá ni que devolver los fondos europeos de 800.000 euros recibidos para la instalación de cámaras ni arriesgarse a multas, como había advertido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Lo previsible es que la nueva ordenanza con las aportaciones de la formación soberanista pase a principios de semana por comisión para, posteriormente, conseguir la validación en el pleno del 21 de marzo. Salvo sorpresas, el 15 de septiembre ya funcionará ese anillo libre de coches contaminantes que rodea el Casco Viejo y parte del Ensanche, sin sanciones durante tres meses y abierto a paso de todos los vehículos que tengan mínimo etiqueta ambiental B.
Para llegar a este acuerdo, el PSE-PNV se ha visto obligado a introducir nuevos matices en un proyecto que se presentaba el pasado martes ya modificado. Es decir, que no ha durado íntegro ni tres días. Ese documento renuncia a blindar el Casco Viejo sólo a vecinos, comerciantes y clientes o proveedores debidamente identificados, pero sólo provisionalmente. Según ha anunciado esta tarde EH Bildu, el Gobierno «se compromente a poner en marcha el área de prioridad residencial (APR) en el plazo de un año» y amplía a dos años la moratoria para los residentes que se vean en la tesitura de tener que cambiar de coche para circular por su barrio. Asimismo, los vecinos con rentas bajas exentos de tener que tener un turismo poco contaminante no tendrán que justificar cada doce meses que carecen de ingresos y todas las señales de la zona de bajas emisiones «deben cumplir el principio de accesibilidad universal y estará tanto en euskera como en castellano».
De esta manera EH Bildu cree que se recupera «la esencia inicial» de la ordenanza. «Hemos conseguido que la zona de bajas emisiones impacte positivamente en los residentes, con plazos más flexibles, compromisos para avanzar en la peatonalización y una implementación que en defintiva, beneficie a Gasteiz», ha dicho esta tarde Vitero, con un tono muy diferente al expresado la víspera por la formación, que acusaba al Ejecutivo de haberle ocultado «deliberadamente» información y de actuar de manera «chapucera» en base «alegaciones fuera de plazo» del SEA y Gasteiz On. La portavoz abertzale ha hecho mención a la obligatoriedad de que las ciudades cuenten con zonas de bajas emisiones. «Estamos ante un imperativo legal al que hay que dar respuesta», por lo que ha hecho hincapié «en la necesidad de actuar con responsabilidad».
Su voto será positivo, tal y como ha dado a entender inmediatamente después la responsable de Espacio Público y Movilidad, la peneuvista Beatriz Artolazabal, que ha destacado que la ordenanza de la zona de bajas emisiones se va a aprobar con el respaldo de la mayoría absoluta del pleno. «Esta es una muy buena notica, ya que al consenso logrado con los sectores más directamente afectados -comerciantes, gremios, repartidores y vecinos- sumamos ahora un acuerdo político que refuerza el compromiso de todos con una ciudad más saludable y sostenible»·
El Ejecutivo tan solo ha dejado fuera una demanda de la coalición independentista de Vitero: la moratoria con las multas. Vitoria se dará tres meses antes de imponer sanciones a los infractores y EH Bildu pedía seis, pero eso se saldría de los plazos marcados por el Ministerio. El Gobierno central ha sido el que ha obligado a adelantar la exigencia de las etiquetas ambientales de los coches. Empezar por implantar primero la zona de prioridad residencial restriginda al Casco Medieval, como se pretendía hasta noviembre, y dos años después pedir las pegatinas, se quedaba «fuera de objeto de la convocatoria de ayudas» advirtió Madrid a Vitoria en un escrito hecho público en diciembre en el que rechaza las modificaciones incluidas en la ordenanza inicial.
Asi, por el espacio restringido que rodea el Casco Viejo y parte del Ensanche que se activará el próximo 15 de septiembre podrá pasar cualquier vehículo que cumpla con los requisitos de etiquetado medioambiental. Seguirán cerradas al tráfico eso sí las mismas calles interiores que ahora. La aplazada zona de prioridad residencial (APR) ha sido muy contestada por vecinos y comerciantes, especialmente por el SEA y Gasteiz On, que han pedido su retirada en sendos informes -«no alegaciones», según portavoces del PNV- que se incorporan ahora al expediente. La razón de este impás es la compleja casuística que requería ser regulada: envío de matrículas de clientes de establecimientos, hoteles, registro de flotas de empresas de reparto, una aplicación para que los vecinos dieran permisos de entrada a terceros, los comerciantes a sus clientes...
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