«La nueva ley dignificará a los perros»

Es el relato somero que hace de la vida de Gala su dueño, que está «encantado» con el borrador del anteproyecto de la primera ley nacional de protección animal que ha propuesto el Gobierno central. «Todo lo que sea castigar duramente el maltrato y el sacrificio lo aplaudo», dice Aitor Iturbe. Esta reacción la comparten en Apasos, donde destacan que la futura normativa –el texto será enviado al Congreso a principios del próximo año para que pueda ser aprobado y entre en vigor el 1 de enero de 2023– «atiende algunas de las principales propuestas que hacemos las protectoras. Hablo del sacrificio cero, de eliminar la calificación de razas potencialmente peligrosas, de la esterilización obligatoria –en ejemplares de la misma especie y distinto sexo que conviven de manera habitual– o de prohibir la venta de perros y gatos en tiendas», resume la presidenta de la organización animalista, Nuria Pérez-Cárcamo.

El objetivo de la ley «no es tanto regular a los animales como un elemento más de nuestra actividad económica» sino «incidir en el reconocimiento y protección de su dignidad». Porque también se van a prohibir prácticas como el tiro al pichón o las peleas de gallos y perros. «La nueva ley servirá para dignificarlos», sostiene María Eugenia Suárez-Alba, abogada de Apasos.

Es una normativa «positiva», a juicio del presidente del Colegio de Veterinarios de Álava, Fernando Pérez, que recuerda que el sacrificio cero que persigue la futura normativa «ya lo tenemos instaurado aquí desde hace tiempo». Pero asume que «la mejor fórmula para conseguirlo es una perfecta identificación de los animales. Debería ser obligatoria y en Euskadi ahora lo es para los perros, pero no en el caso de gatos o hurones, por ejemplo». Tener todas estas mascotas con su microchip «y una cartilla de vacunación actualizada» es, en su opinión, «el camino para evitar el abandono y el sacrificio».

El anteproyecto de ley propone castigar el sacrificio irregular con entre 100.000 y 600.000 euros y el abandono o no registro legal con, al menos, 30.000. Esta nueva regulación solo autorizará un procedimiento con eutanasia para ejemplares con enfermedades mortales o invalidantes, que lo practicarán los veterinarios, «pero no estamos preparados para ello, nosotros queremos salvar vidas».

En este sentido, Pérez defiende la figura de estos profesionales como «parte fundamental» para dignificar a los perros y otras mascotas domésticas «porque, aunque son importantes las condiciones de habitabilidad o de alimentación, lo son aún más las sanitarias, y ahí los garantes somos los veterinarios».

Hacerse con uno de estos animales, una vez que entre en vigor la ley estatal, solo será posible mediante la adopción o a través de criadores profesionales. Se prohíbe, por tanto, la venta en tiendas y también su exhibición en escaparates, algo que la ordenanza municipal ya impide en Vitoria desde 2014. «Es algo que no entiendo. Se deja al sector sin una fuente de ingresos cuando, además, nuestros comercios tienen registros de entrada y salida de animales, reciben inspecciones de los ayuntamientos y el Seprona», denuncia Josep Arnas, secretario general de la Asociación del Sector de Animal de Compañía (Asca), la patronal española de este tipo de establecimientos.

Un perro que «sale de una tienda lo hace con microchip, cartilla veterinaria y con buena salud. Se compra en la mayoría de ocasiones bajo petición previa, no es algo impulsivo, y hay un asesoramiento. Por ello, apenas hay abandonos de esos animales. En cambio, en el caso de las adopciones, un 7% se devuelve. El argumento para prohibir la venta es que se quiere evitar la compra compulsiva y el abandono, y puede suceder lo contrario», añade.

Desde la protectora Apasos sí defienden esa prohibición y también la venta entre particulares «porque los perros y gatos no son mercancía». En 2020, esta organización dio en adopción a 98 canes y 93 felinos, dos cifras que «esperamos superar con la nueva ley». «Se impulsa esa figura –la adopción– que es lo que nosotros siempre hemos promovido», explica la abogada Suárez-Alba.

Otro aspecto de la ley que ha generado controversia es la obligatoriedad de hacer un curso formativo para tener una mascota. «¿Y para tener un hijo no sería también necesario?», se pregunta Arnas, que ve una normativa «con clara tendencia política». Apasos, por el contrario, defiende esta formación «y, de hecho, nosotros también damos un asesoramiento a las personas que vienen al centro y quieren adoptar un animal». Pero aún desconocen quién impartirá esos cursos –quizá sean online– y en qué consistirán. El contenido lo determinará el reglamento que desarrolle la futura norma.

Este joven cree que es un avance en la ley que «ya no se hable de razas potencialmente peligrosas sino de perros. Hay canes grandes que son peluches y otros pequeños que dan muchos problemas». Iturbe también defiende la prohibición de la venta «para no lucrarse con un ser vivo. Las tiendas pueden vender alimentos, correas...».

La procreación indebida de animales «es un aspecto que se debe vigilar», dice la dueña de una coton de Tuléar con la que está «encantada». Arrizabalaga cree que los cursos de formación pueden ayudar «porque no todo el mundo está preparado para tener un perro. Pero que sea obligatorio quizá retraiga a la gente a adoptar».

Aficionado a la caza, no entiende de la futura ley de protección animal la prohibición del tiro al pichón ya que estas aves «se crían en granjas» para ese fin. En cambio, le parece bien las elevadas sanciones por «sacrificio y abandono. Hay que castigarlo con dureza. No entiendo ese maltrato». Él no lo haría con su setter inglés.

Tener un animal doméstico «te exige una serie de compromisos. No puedes sacarlo a las siete de la mañana antes de ir a currar y a las siete de la tarde cuando has acabado», dice la dueña de un husky border collie que requiere «mucha atención». Está a favor de la adopción «porque un perro no es una mercancía de compra-venta».