Los funcionarios de Vitoria dejarán de fichar «en dos meses» con huella dactilar

Esta agencia estatal publicó hace menos de un mes la 'Guía sobre tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos' basándose en una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el informe alerta de que estos métodos -que, además de la huella dactilar, incluye el reconocimiento facial- incorporan por su propia naturaleza información «sensible» relativa a una persona. «Mediante el análisis biométrico, se puedan inferir y recoger otras categorías especiales de datos y, en particular, datos relativos a la salud o detalles que revelen el origen racial o étnico, entre otros», alerta el documento al que ha tenido acceso este periódico y pone como ejemplo que a través del dedo índice se pueden registrar parámetros como la temperatura corporal o la presión sanguínea.

Ahora se considera tan «sensible» ese tipo de información que ya no bastará con pedir un consentimiento de los empleados y directamente se deben eliminar esos registros. El Ayuntamiento de la capital alavesa confía en completar ese 'regreso al pasado' para enero o febrero, como muy tarde. A los técnicos municipales se les proporcionará una tarjeta -Función Pública plantea que se aproveche la misma TMC que cualquier ciudadano usa para acceder a las instalaciones municipales- o se hará con algún tipo de código.

Es cierto que el 100% de los funcionarios no ficha con huella en la actualidad y bastantes ya lo hacían con algún tipo de tarjeta, por lo que estos ya contaban con unos dispositivos de control de entrada en las instalaciones municipales que, a partir de ahora, se aprovecharán por todos los demás. Los detectores dactilares se irán retirando de manera paulatina.

A preguntas de EH Bildu, Jon Armentia considera que «está claro que para fichar o controlar acceso no es necesario tener datos biométricos». Lo cierto es que en Vitoria se aceleró su instalación después de que uno de los policiales locales que en 2014 vigilaba el acceso a la Casa Consistorial comunicase a Función Pública que una funcionaria había acercado varias tarjetas de técnicos municipales -un documento que es personal e intransferible- a la máquina que controlaba los accesos y salidas. Alguna vez lo hizo por tres compañeros y otra por cinco. Además, se daba la circunstancia de que esta empleada consistorial registraba su entrada a 200 metros de su oficina habitual.

Este caso -que tras dos años de instrucción interna en el Ayuntamiento desembocó en un simple apercibimiento- provocó una profunda indignación entre los partidos políticos y parte de la sociedad vitoriana. Más aún cuando el marido de la sancionada, un antiguo alto cargo del Servicio de Tráfico, asaltó en plena calle Dato al agente que dio la voz de alarma para recriminarle su actitud, por lo que el Policía tuvo que presentar una denuncia por «coacciones y amenazas» que un juez decidió archivar posteriormente.

La Agencia Española de Protección de Datos no ha establecido ninguna fecha tope para recuperar al 100% el fichaje con tarjeta y olvidarse de la huella dactilar. Sin embargo, y tras consultar con la agencia vasca de la misma materia, el Gabinete Etxebarria quiere cubrirse las espaldas ya que si no se ponen 'manos a la obra' podrían recibir alguna clase de denuncia.

El concejal de EH Bildu Alberto Porras subraya que lógicamente hay que cumplir con la ley, pero al mismo tiempo lamenta la fuerte inversión que en su día hubo que hacer para implantar el sistema de reconocimiento de huella digital -con el que la coalición abertzale estaba de acuerdo- y que ahora se tendrá que retirar para dejarlo olvidado en algún almacén del Ayuntamiento.