Forestalia renuncia a la autopista de alta tensión a Júndiz que rechazaba Álava

Álava se libra así de uno de los planes de renovables que mayor oposición habían generado hasta la fecha. La apuesta de Forestalia pasaba por levantar una suerte de AP-68 que iba a recorrer parte de Aragón, La Rioja y Álava para verter la energía en Júndiz. La subestación del polígono industrial estaba destinada a ser el 'enchufe' que permitiese a los parques fotovoltaicos conectarse a la red eléctrica y que su energía fuese usada en la industria y en los hogares.

El tendido había contado con una fuerte contestación tanto en el plano civil como en el político. Las Juntas Generales, de hecho, han rechazado las infraestructuras de Forestalia hasta en dos ocasiones. La última vez, por su «irreparable impacto» y las «graves afecciones» que iba a causar sobre el patrimonio, el paisaje y las zonas agrícolas del territorio. Ramiro González también se ha manifestado a este respecto en más de una ocasión.

«La Diputación, cada vez que tenga la posibilidad, seguirá manifestando su oposición no sólo a esa línea, sino a ese modelo que produce a cientos de kilómetros la energía para volcarla a la red aquí», llegó a asegurar el diputado general hace unos meses. El Ejecutivo foral afirmó en sus alegaciones que los planes de Forestalia eran «medioambientalmente insostenibles».

La autopista eléctrica iba a contar con 68 torres de hasta 70 metros de altura en núcleos como Labastida, Zambrana, Berantevilla, Armiñón, Iruña de Oca y Vitoria. Según los informes que remitió el Gobierno vasco, algunos de estos apoyos para el cable de luz se situaban a menos de 200 metros de nidos de aves protegidas como el águila real, el alimoche, el búho real o el halcón peregrino. Una de las torretas en suelo alavés se planteaba directamente sobre un cortado en el que nidifica el buitre leonado. También se advirtió del impacto sobre el paisaje vinícola de Rioja Alavesa. Lakua trasladó al Ministerio que el proyecto era «no autorizable» porque sus impactos son «inasumibles».

El Gobierno central sí concedió los permisos medioambientales, pero según los socialistas riojanos se impusieron «hasta 84 condicionantes» para reducir el impacto sobre el medioambiente. Madrid, entre otras cuestiones, requirió a Forestalia que soterrase 26,6 kilómetros de la línea eléctrica, algo que según el PSOE había encarecido el proyecto en 50 millones de euros. Además, el Ministerio de Transición Ecológica supeditó la ejecución de esta línea a que contase con «informes favorables» de las comunidades autonómicas afectadas.

Y ahí la empresa se encontró con todo lo contrario. La Rioja abanderó la guerra contra Forestalia e incluso llegó a presentar un recurso administrativo contra el proyecto. Ayer la consejera de Agricultura de esa comunidad, Noemí Manzanos, señaló que su Ejecutivo había mantenido «varias reuniones con el Ministerio por este asunto». «Efectivamente, teníamos marcados el 18 y el 25 de marzo como hitos para saber si el promotor del proyecto continuaba adelante. El lunes enviamos una carta solicitando información en ese sentido», manifestó la titular del Gabinete riojano. Desde el Gobierno vasco y la Diputación también se aguardaba a la comunicación oficial. Forestalia tampoco respondió ayer a los requerimientos de este periódico para que ofreeciese su versión de los hechos.

El final de la línea de La Rioja -que sólo se podría pelear ya en los tribunales- permitirá, además, liberar espacio en la saturada red eléctrica de Álava, esa por la que el Gobierno vasco ha mostrado preocupación en las últimas semanas. Fuentes del Ministerio apuntan ya a la posibilidad de que esos huecos que libera Forestalia salgan a subasta para las promotoras de renovables.

En paralelo, queda por saber qué pasará con la otra autopista eléctrica, de 179 kilómetros, entre Biota (Zaragoza) y Vitoria. Esta infraestructura, a diferencia de la de Júndiz, llegaría al territorio a través de Navarra, en paralelo a la A-1. Ese equipamiento también ha recibido batacazos en los últimos meses y está en jaque. En octubre del año pasado caducaron algunos permisos para verter parte de la energía en las subestaciones alavesas para uno de los cables que vienen hasta Ullibarri-Arrazua. Aun así, Forestalia confirmó su intención de seguir adelante con este proyecto, al que también se opone el Gobierno de Navarra.