La Fiscalía recurre el fallo de Iruña Veleia y pide elevar en 21.600 euros la multa a Eliseo Gil

El Ministerio Público aboga por elevar la responsabilidad civil dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de 72 a 21.600 euros. Y que durante el tiempo de condena, el arqueólogo no pueda desempeñar ninguna labor relacionada con su mundo laboral. La Diputación, personada como acusación particular al ser la dueña de los terrenos, no agotará la vía judicial.

Hace quince años, Gil anunció al mundo el descubrimiento en Iruña Veleia de unas revolucionarias piezas de origen romano. Reescribían la historia del euskera –adelantando varios siglos las primeras palabras comunes– y del cristianismo, situando a diez kilómetros de Vitoria la primera representación conocida de una crucifixión. La comunidad científica pronto dio la espalda a estos hallazgos. Pero Gil y un grupo de fieles ha defendido siempre la veracidad de los que denominó «grafitos extraordinarios». Su abogado fue el primero que recurrió.

En el juicio, celebrado en febrero, su teoría quedó desmontada por un amplio número de peritos y por el estudio a cargo de la Ertzaintza. La sentencia condenatoria llegó el día 10 de junio.

Tras escudriñar los 256 folios del dictamen, la Fiscalía de Álava aprecia un error en la valoración de la responsabilidad civil. Aparte de otras cantidades de mayor cuantía, el fallo obliga a Gil a pagar 72 euros por los desperfectos en sólo 36 piezas de las 291 presentadas como prueba. A 2 euros cada una. Recuerda el Ministerio Público que el precio de los fragmentos desenterrados –auténticos pero manipulados en superficie– no baja de los 600 euros. De ahí los 21.600 euros.

En base a ello, también reclama la nulidad de la sentencia en lo referente a los daños ocasionados. Para la Fiscalía hubo 291 piezas manipuladas y no 36, como refleja la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria. Aunque su recurso se centra en el aumento de la indemnización.

De obtener el beneplácito de la Audiencia Provincial de Álava, esos 21.600 euros extras se repartirían a partes iguales entre la Diputación, dueña del yacimiento, y el Gobierno vasco, que apoyó a Gil con 3,6 millones de euros a cargo de Euskotren. La compañía pública de transportes jamás los ha reclamado. Se desconoce el paradero de ese dinero.

De manera paralela solicita que durante el tiempo de condena, Gil no pueda desarrollar ninguna actividad remunerada ligada a la arqueología. Aparte del exdirector de la excavación, también fue condenado su colaborador Rubén Cerdán (1 año y 3 meses) y Óscar Escribano pactó un año. Ninguno de ellos ingresará en prisión.

La resolución final de la Audiencia de Álava se espera para la primera mitad del próximo año, 2021. Contra ese dictamen del máximo órgano judicial del territorio no cabrá recurso alguno más y cerrará este litigio, el más largo de la historia de la Justicia alavesa.