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Pese a que aún no han empezado a descontarse los días para presentar recursos a la sentencia del 'caso De Miguel' porque alguno de los acusados aún no ha recogido el fallo que se anunció hace 35 días, se prevé una oleada de escritos ante ... el Tribunal Supremo. A la lógica y previsible petición por parte de los principales condenados se sumará la Fiscalía. El órgano que en Álava dirige Iosu Izaguirre reclama que se eleven las penas a los inculpados y se revise si incurrieron -o no- en un delito de coacciones. El tribunal que durante 2018 juzgó a los 26 imputados -entre los que había destacados cargos del PNV como Alfredo de Miguel, antiguo diputado alavés de Administración Local- estimó en su sentencia que no se ejerció «una especial presión» sobre la denunciante, la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, como para incurrir en dicha infracción.
El Ministerio Público no comparte en absoluto el punto de vista de la terna de magistrados presidida por Jaime Tapia que, si bien mantiene que los principales procesados -De Miguel y sus socios Koldo Ochandiano y Aitor Tellería- incurrieron en los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, no cree que hubiese coacciones. En la sentencia se fija que, en base a su jucio, no puede «deducirse una especial presión o compulsión». Una apreciación que contrasta con el propio testimonio de Ainhoa Alberdi que evidenció cómo la 'trama De Miguel' le exigía 'mordidas' para mantenerla al frente de un contrato en el parque tecnológico de Miñano e incluso habló de planes de «venganza» por parte de los inculpados para que no volviera a trabajar para la administración pública vasca «si no pasaba por el aro».
El recurso, que ahora tendrá que pasar el 'filtro' de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se suma a los que prevén presentar las defensas de los principales inculpados en el mayor caso de corrupción registrado en Euskadi. Los jueces impusieron a De Miguel trece años de cárcel; Ochandiano, siete y Tellería, seis. También fueron condenados a penas de reclusión el antiguo director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles; el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan; el empresario cultural Josu Montes, y el constructor Jon Iñaki Echaburu. Algunos de sus abogados confirman a este periódico la intención de pedir que se revise unas condenas «desproporcionadas» que no se habrían imaginado «ni en el peor de los sueños».
En un primer momento, el fiscal jefe Josu Izaguirre también reclamó el ingreso en prisión de los condenados con penas más altas, pero los jueces sólo accedieron a retirarles el pasaporte y obligarles a firmar cada cierto tiempo en el juzgado. El tribunal consideró que no existía posibilidad de que se fugaran.
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