La Fiscalía cambia los protocolos de protección de la Ertzaintza tras el asesinato de Maialen

La joven, embarazada de gemelos y asesinada el sábado en un apartahotel de Vitoria, llevaba varios días conviviendo con su ex pese a la prohibición expresa de un juzgado de Torremolinos. Fuera del País Vasco estaba considerada como víctima de violencia de género de «riesgo extremo».

Su presunto asesino, un valenciano de 33 años llamado Jaime y padre de su hija de tres años y de los gemelos en camino, se saltaba sistemáticamente el veto judicial de verla. Lo hacía en la Comunidad Valenciana, donde residían habitualmente, y que llevó a elevar la alerta sobre él al nivel más alto. Y lo repitió durante las visitas de Maialen a Vitoria, lo que conllevó dos denuncias. El martes ingresó en prisión provisional imputado del homicidio de la joven, por los abortos dolosos de los gemelos y por el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

La Ertzaintza estuvo un par de veces con su víctima. Pero, según comentó el lunes el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, como ella declaró «no sentirse en peligro» y confirmó su decisión de «retirar la denuncia» no se actuó de manera más firme. Esas entrevistas se sucedieron «a finales de enero» y el «18 de mayo», cuando la Guardia Civil la trasladó a Vitoria para alejarla de su maltratador e informó del movimiento a la Policía autonómica. El instituto armado la había catalogado como «riesgo extremo», el máximo nivel de su programa antimachista, denominado Viogén.

Aunque ambos vivían oficialmente en la costa levantina, viajaban de vez en cuando a Álava. De ahí estas intervenciones con la Ertzaintza. ¿Y por qué las trató como asuntos ordinarios? Erkoreka contó el lunes que la Policía autonómica afrontó el caso como «nuevo» ya que opera con un sistema de valoración propio, el EBA. Se obvió por tanto la catalogación del instituto armado aunque, básicamente, ambos baremos sean calcados. Como Maialen iba y venía no pudo certificarse el verdadero alcance del riesgo al que estaba expuesta. «Estaba en valoración», atinó a decir Erkoreka, respaldado públicamente por el lehendakari Urkullu veinticuatro horas después. El movimiento feminista y la asociación Clara Campoamor, por contra, creen que «algo ha fallado».

La primera denuncia remitida por la Ertzaintza al Juzgado de Violencia de Género, referente al incumplimiento de enero, llegó como «un procedimiento ordinario», aseguran medios judiciales. Con la saturación de trabajo, el parón de la huelga y no tratarse de un caso urgente, la sala citó a la joven y a su ex «en julio».

Jaime también está procesado por «falsedad en documento oficial», ya que en aquella intervención policial se le intervino «un dni falsificado», que usó para registrarse en el hotel de Vitoria donde les detectaron. Maialen se valió de la misma técnica para coger una habitación en el posterior escenario de su homicidio. «Probablemente buscaban evitar que saltaran las alarmas de que andaba con su maltratador», consideran fuentes de la investigación. Este hombre no llevaba pulsera telemática, un recurso habitual en los casos graves.

La nueva directriz del Ministerio Público, emitida apenas 48 horas después de este crimen, busca impedir que vuelva a repetirse algo parecido en Álava. Y acaba con «un mínimo de cinco años» en los que la Policía autonómica únicamente abría un atestado cuando el quebrantamiento contaba con el «consentimiento de la víctima». La «recomendación» emitida por la anterior jefatura de la Fiscalía buscaba aliviar el volumen de trabajo del único juzgado de Violencia sobre la Mujer de la provincia. Es uno de los más saturados. Ha llegado a contar con dos magistrados -hecho inusual- para sacar adelante el trabajo atrasado. Sólo la Ertzaintza les remitió 702 expedientes nuevos el año pasado.

A ellos debería sumarse un número parecido de la Policía Local de Vitoria, que sí detiene «siempre» haya consentimiento o no en el quebrantamiento de una orden de alejamiento. «Hubo una época en que se arrestaba a la víctima por colaborar en el delito, pero aquello se descartó porque suponía revictimizar», detallan en la Guardia urbana.

La plantilla de la Ertzaintza fue informada a lo largo del martes sobre el giro marcado por Fiscalía. «Hasta ahora, cuando había consentimiento por parte de la víctima denunciábamos al infractor, pero si deteníamos nos ganábamos la bronca de jefatura», coinciden patrulleros consultados.

El 10 de enero, dos semanas antes del primer incumplimiento detectado a Jaime en Euskadi, la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado remitió una orden interna a todas sus oficinas provinciales en la que se instaba a «solicitar las medidas cautelares necesarias aunque las víctimas no lo interesen». El problema, deslizan en el Palacio de Justicia vitoriano, es que el expediente de la Ertzaintza sobre Maialen no alertaba de la gravedad del caso.