La Fiscalía de Bizkaia achaca a la planta de biomasa de Güenes «graves daños» a la salud de los vecinos

Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, con fecha de entrada en el juzgado el pasado 12 de agosto, la exposición de las personas a estas moléculas «agrava el riesgo de desarrollar cardiopatías, neumopatías y cáncer de pulmón», entre otros efectos adversos, «incluso en concentraciones bajas y a corto plazo». El informe cita estudios realizados en poblaciones pequeñas de España que apuntan que un incremento en la concentración de partículas está relacionado con «una pérdida de casi un año en la esperanza de vida». También afecta al entorno, en concreto al «crecimiento vegetal, al ciclo de nutrientes del suelo, a los patrones de precipitación y al balance de la radiación global», señala la Fiscalía especial en sus conclusiones finales.

Tras recibir un oficio del juzgado que investiga el caso para determinar si las emanaciones de la planta «han podido causar una afección a la calidad del aire o a la salud de las personas», la Unidad Técnica de Medio Ambiente del Ministerio público ha analizado durante más de un año los datos de emisiones de la empresa, que ocupó los terrenos de la antigua papelera de Pastguren.

Las muestras fueron «recopiladas por el Gobierno vasco tanto en las cabinas fijas de calidad del aire como en las unidades móviles» instaladas en las inmediaciones de la fábrica. Según el estudio, el momento de mayor contaminación se registró en febrero de 2017 cuando se tomaron registros por parte de una empresa externa, que «superaban en cinco veces el valor límite de emisión». Dos días después, se paró la producción, pero luego tras algunas reformas volvió a retomarse. En 2018, según la Fiscalía, se volvió a sobrepasar el límite diario en quince ocasiones y el mensual, en una. La empresa realizó una inversión de más de diez millones de euros para intentar reparar los fallos y adecuarse a la normativa y entre 2018 y 2021, según las mediaciones periódicas, «se cumplía con lo estipulado».

Sin embargo, en enero de 2023 la empresa anunció su cese inmediato por motivos económicos. Según alegaron, «el ajuste de parámetros retributivos publicados en el BOE y con efectos retroactivos» provocaba que los costes superaran a los beneficios y amenazaran su rentabilidad. La firma llegó a contar con 35 trabajadores, que terminaron en un expediente de regulación de empleo para el despido colectivo de toda la plantilla.

El informe advierte también que hubo «incidencias y superaciones de emisiones de partículas que no fueron notificadas», según lo que indica la normativa, y tampoco «se tiene constancia de que exista un expediente sancionador por parte de la Administración». El Ejecutivo autonómico llegó a abrirle dos expedientes, uno por una infracción grave con una multa de 60.000 euros, que se refiere a otro periodo de tiempo diferente, y uno segundo, que quedó archivado.

En la causa abierta en el juzgado de Balmaseda están imputados por un delito contra el medio ambiente cuatro exaltos cargos del Gobierno vasco y el administrador de la empresa, José Luis Orúe. Entre los políticos figuran Iosu Madariaga, quien fuera viceconsejero de Medioambiente cuando empezó a funcionar la fábrica, entre los años 2015 y 2016, y que en la actualidad ejerce como director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Bilbao; Alejandra Iturrioz, la directora de Administración Ambiental en esas mismas fechas, y los representantes del PSE, Iván Pedreira, director de Administración Ambiental del Gobierno vasco entre 2016 y 2020, y Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente, también entre 2016 y 2020. Las acusaciones por delitos de prevaricación y falsedad documental han quedado archivadas.

Las posible responsabilidad de los representantes políticos se refiere a la Autorización Ambiental Integrada (AAI), acordada en 2014 y heredada de la antigua papelera, en lugar de diseñar una nueva al tratarse de una actividad industrial distinta, y a posteriores modificaciones, según indican fuentes conocedoras del caso.

Glefaran (Global Efficiency Aranguren) abrió sus puertas en agosto de 2016, ocupando los terrenos y equipamientos de la antigua papelera de Aranguren, ubicada entre los municipios de Zalla y Güeñes. Se dedicaba a la combustión de biomasa forestal para producir energía 'verde'. La principal materia prima, troncos de madera de Pinus Radiata y biomasa forestal, se quemaban en una caldera, el principal foco activo de emisión a la atmósfera, como comprobaron agentes de la Ertzaintza de la Unidad de Investigación Criminal y de Policía Judicial, en una inspección ocular. La primera denuncia la interpuso la asociación vecinal Güeñes Bizirik en el juzgado de Balmaseda, a finales de 2018. Los vecinos se quejaban de ruido, humos y olores.

Las columnas de humo negro que alarmaban a los vecinos solían coincidir con paradas y arranques de la producción, momento en que mayores emisiones de polvo y gases se concentraban. Así entre 2016 y 2017 hubo unas 40 incidencias registradas por comunicaciones de particulares en Zalla y 27 en Güeñes.