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La Fiscalía de Stuttgart en Alemania ha impuesto una multa de 870 millones de euros al grupo automovilístico Daimler, propietario de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, por alterar motores diésel de sus vehículos incorporando un software «no permitido» que modificaba las emisiones ... de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
Según la propia Fiscalía, la multa fue aplicada por «violación negligente» del deber de supervisión en una división de la multinacional que se ocupaba de la certificación de los vehículos. De esta manera, los vehículos de Daimler recibían las homologaciones pertinentes, pero el nivel de emisiones «en algunos casos» no cumplía los requisitos reglamentarios.
Ya en agosto de 2018 el grupo alemán llamó a revisión a casi 700.000 vehículos diésel en Europa como consecuencia de una orden administrativa por parte de la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania, vinculada con un dispositivo que alteraba las emisiones de modelos diésel de Mercedes-Benz.
Esta revisión incluía los modelos Vito con propulsor diésel de 1.6 litros y Clase V con propulsor de 2.2 litros que se montan en la planta de Vitoria, pero también otros como el Clase C con propulsor diésel o los modelos ML, GL, GLE y GLS con la mecánica diésel de 3.0 litros. La multinacional destacó que los modelos envueltos en esta campaña únicamente están afectados los producidos en unos periodos específicos.
Daimler asume la multa pero ya ha anunciado que no recurrirá la decisión judicial y asegura que la sanción económica no tendrá «ningún efecto» en los resultados de la compañía en el tercer trimestre, por lo que mantiene su pronóstico de ganancias.
Además, durante el reciente Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort y en un encuentro mantenido con diversos representantes de medios de comunicación, el presidente de Daimler, Ola Källenius, ya admitía que uno de los principales «desafíos» del grupo era conseguir el equilibrio en las cuentas, porque en el segundo trimestre del año los resultados financieros ya habían registrado un gasto «excepcional» de 4.200 millones de euros para afrontar los procedimientos legales en torno al escándalo de las emisiones diésel o la retirada masiva de vehículos equipados con airbags que resultaron defectuosos.
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