La Fiscalía alavesa admite a trámite la denuncia de ESK contra el Gobierno vasco y la subcontrata de ambulancias

Inicialmente sólo se comunicó una denuncia por malversación contra Vicenç Chicharro (La Pau) y Frumencio Molinero (Gobierno vasco) que, en el caso del cargo público, se extendía a un presunto ilícito penal de prevaricación. Sin embargo, ESK presentó también ese día una segunda denuncia por un presunto delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, recogido en el artículo 316 del Código Penal y que también ha sido admitida a trámite.

Las causas penales llegan, según recuerda Patxi Nicolau, portavoz del sindicato, después de una retahíla de denuncias ante Inspección de Trabajo por las condiciones de trabajo de los empleados, que culminó con un escrito presentado por ESK ante Salud en noviembre del año pasado. En ese documento, «denunciábamos los incumplimientos del pliego y solicitábamos que se rescindiese el contrato», ha explicado el portavoz de sanidad.

La Pau desempeña en Álava el servicio de transporte sanitario urgente, aunque recientemente se han adjudicado tres de los seis contratos licitados por Osakidetza, que han permitido al grupo catalán ampliar algunos servicios en Bizkaia. Nicolau critica que, frente a su denuncia «la única respuesta por parte del Gobierno vasco ha sido la ampliación del contrato por otros tres años y por un monto total de 136 millones de euros». Una práctica que, además, ESK reprueba porque La Pau podía haber prorrogado el contrato anterior en Álava y no lo ha hecho para acudir a las nuevas licitaciones, con precios mayores.

El sindicato nacionalista ha insistido en que se han presentado «nueve escritos» antes de llegar a esta situación y denuncia «incumplimientos reiterados» en las condiciones del contrato suscrito con Osakidetza. Además, aseguran que la Inspección de Trabajo ha sancionado «con más de 100.000 euros» distintos incumplimientos en materia laboral.

Javier Acuña, delegado de ESK en La Pau, ha concretado algunas de esas «vulneraciones», entre las que ha señalado hechos como que «las ambulancias han estado dos años sin pasar la ITV», la «falta de material» o que «no hay mantenimiento en los centros de trabajo».

Con la admisión a trámite, «esperamos que inicien ese proceso investigador lo antes posible», ha señalado Nicolau. El portavoz de sanidad de ESK también ha cargado contra las instituciones por el «funcionamiento catastrófico» de los servicios de Emergencias a lo largo de agosto. «El 80% ó 90% de los servicios de emergencias están en manos privadas que se están enriquenciendo. Desde nuestro punto de vista, esto sigue siendo así porque posiblemente el PNV tenga mucho interés en mantener este tipo de gestión», ha sentenciado.