La Fiscalía de Álava critica a jueces por archivar casos de corrupción en la antesala de la sentencia a De Miguel

El anuario, al que ha tenido acceso este periódico, habla literalmente de «una marcada tendencia de los órganos jurisdiccionales» a «archivar» los casos de delitos económicos en la fase de instrucción (investigación). Si llegan a ser juzgados, la oficina dirigida por Josu Izaguirre considera que la tendencia a «absolver» a los imputados es la tónica dominante. Se da la circunstancia de que el fallo por el caso De Miguel, la presunta trama de corrupcion del PNV alavés, se espera en semanas. Hay casi una treintena de imputados. La expectación por el fallo es máxima en el ámbito político y judicial.

Los dardos más importantes se dirigen a la Audiencia Provincial de Álava, el máximo organismo judicial del territorio. La memoria fiscal 2019 (aunque se refiere a los casos del año anterior) aprecia una tendencia a sobreseer (archivar) causas enviadas por los juzgados de instrucción (encargados de las investigaciones) que, a su entender, ofrecen indicios de delito. Y ese carpetazo se realiza, indica el texto, por una fórmula legal que impide recurrir a una instancia superior.

En el horizonte de este informe crítico figuran igualmente la denuncia contra el exjefe de seguridad del Parlamento vasco, un ertzaina, la adquisición de dos camiones de la basura a cargo del Ayuntamiento de Vitoria o el uso de los fondos económicos de algunas juntas administrativas, causas que no han prosperado según las expectativas iniciales del Ministerio Público. Lo mismo sucedió con los casos Hiriko y Epsilon, ligados al PNV, y que quedaron en agua de borrajas.

Como en otras ediciones anteriores, recuerda la memoria fiscal 2019 la necesidad imperiosa de crear la figura de un fiscal anticorrupción en el País Vasco, como ya existe en otras comunidades autónomas. «También consideramos necesaria la creación de un estatuto que proteja a los denunciantes en supuestos de corrupción que derive en mayores garantías y seguridad para sí mismos y, en consecuencia, en un mayor acceso a justicia de este tipo de delitos que son extremadamente graves».

En estos momentos, en los juzgados alaveses se investigan varios asuntos que ponen en entredicho el buen funcionamiento de las administraciones locales, provincial y autonómica. Por ejemplo, el caso de las filtraciones de exámenes en Osakidetza o varios casos de acoso laboral en la Ertzaintza que afectan a altos mandos.

En cuanto al análisis de la evolución de la criminalidad, la Fiscalía también se muestra muy crítica con los datos de la delincuencia. «La calidad de los datos no es buena o, al menos, no tiene la calidad que sería exigible».

Se refiere, sin citar explícitamente a ningún organismo, al cambio que entró en vigor durante los años 2015 y 2016. A partir de entonces, no es obligatorio incluir en estos listados de delincuencia «los atestados sin autor conocido». Según reza la Memoria Fiscal 2019, los datos actuales «sólo reflejan la actividad judicial de Álava, pero no la real actividad delictiva en el mismo, lo que resta mucho valor a las apreciaciones que podamos hacer respecto a la evolución de la actividad delictiva».