La falta de diálogo entre las partes anticipa un largo conflicto en el transporte escolar

Desde aquella comparecencia, hace ya doce días, no ha habido ni reuniones ni llamadas entre las partes para encauzar el problema. Solo cruces de comunicaciones. El Gobierno, para denegar las medidas cautelares solicitadas por las compañías en sus recursos administrativos contra la orden que les obliga a prestar el servicio. Las operadoras, para asegurar que no arrancarán ningún autobús hasta que se resuelvan los recursos. Y Educación no sabe cuándo los tendrán listos.

En el Gobierno cunde la perplejidad. «Están incumpliendo la ley. Si todos hiciésemos lo mismo, viviríamos en la jungla», apuntan fuentes del departamento. Bildarratz ya aseguró que no contemplaba que las operadoras se negasen a obedecer, toda vez que el transporte es «esencial» para cumplir con el derecho fundamental de los menores a la educación. La defensa jurídica de las operadoras se basa en que la normativa les considera «servicio complementario».

El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, volvió a insistir ayer en que las empresas «deben acatar y cumplir la orden, salvo que algún tribunal administrativo o de justicia diga que no es correcta». «Las consecuencias y sanciones que se pueden derivar de ese incumplimiento están recogidas en la legislación y pueden ser importantes», advirtió.

Los empresarios, en cambio, no ceden y mantienen un auténtico pulso, de imprevisibles consecuencias. Fuentes de Educación auguran que «muchas empresas tendrán que cerrar si, por ejemplo, se les prohíbe volver a conseguir contratos con la Administración».

Algunos transportistas reconocen que su situación económica es «difícil». «Se están cargando el tejido empresarial», lamenta un empresario. Los últimos años han sido complejos y muchos aún arrastran las consecuencias de la pandemia. Su plante les ha llevado ahora a renunciar al dinero público por el autobús escolar y dependen exclusivamente de otros ingresos como bodas, desplazamientos de equipos deportivos...

El conflicto ha complicado el arranque del curso para unos 7.400 alumnos en Álava y Bizkaia, sobre todo en zonas rurales. En Álava afecta a la mitad de las rutas. Las familias se ven obligadas a llevar a los hijos en coche, a pie o autobús regular, con el perjuicio que supone para la conciliación. Educación trabaja en una orden para compensar económicamente a los afectados, de la que no han trascendido más detalles.

La ikastola Etxaurren de Ayala se ha convertido en el ejemplo más claro de la distorsión que supone esto para las familias. Apenas 32 de los 240 alumnos de Okondo y 24 pueblos de Ayala pueden llegar cada día al centro sin recurrir al coche particular. El lunes los padres hicieron «huelga de asistencia», ayer protagonizaron una marcha a pie en demanda de una solución y las 200 familias han anunciado caravanas de coches y más movilizaciones hasta que se resuelva el problema.