¿Quién falseó los hallazgos de Iruña Veleia?

Sin embargo, las acusaciones –la Fiscalía de Álava y la Diputación– aún deben demostrar quién lo hizo. Eliseo Gil, director de la excavación entre 1994 y 2008, es el principal acusado. Se enfrenta a 7 años y medio de prisión por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa. También está acusado el antiguo colaborador de Gil, Rubén Cerdán, al que piden dos años y medio. Mientras, el tercer encausado, Óscar Escribano, aceptó el primer día una pena menor por aceptar que alteró un fragmento. No se le ha vuelto a ver por el Palacio de Justicia.

A continuación, lo que se sabe del asunto más complejo de la historia judicial alavesa –11 años de trámites y un sumario de 16.000 folios– y lo que vendrá la próxima semana –con cuatro sesiones–, y la siguiente –el proceso acabará el martes 18–.

Los 476 fragmentos extraídos del subsuelo de Iruña Veleia sí son de la época romana (entre los siglos III y V). Lo que se discute son sus inscripciones, adelantando –entre otras excepcionalidades– 600 años las primeras palabras comunes escritas en euskera. Hasta ocho antiguos colaboradores de Gil, el principal procesado, han declarado que «los grafitos excepcionales nunca salieron de la tierra, aparecían siempre en la fase de lavado».

Ese proceso lo controlaba la hermana de Gil, que no está procesada. Estos testigos pusieron varios ejemplos. Un plato desenterrado y semicubierto por barro «pero sin inscripciones» que, tras lavarse, tenía marcas revolucionarias. Aunque estos trabajadores excavaban, «jamás» descubrieron nada inusual. Uno, ya escamado, se llevó de su casa un táper para lavar las piezas por su cuenta, en la propia excavación. Eran corrientes. Gil declaró que «el 22%» de esos hallazgos se descubrió a pie de zanja.

Tanto Eliseo Gil como su socia, Idoia Filloy, negaron presión alguna por extraer de las entrañas de Iruña Veleia vestigios jamás vistos. Por lo oído a otros testigos, Euskotren –que les firmó 3,7 millones de euros por una década de trabajo– y la dueña del terreno, la Diputación de Álava, sí mostraron su inquietud a principios de 2005, meses antes de la cascada de hallazgos a cada cual más increíble. «Amelia (Baldeón, exdirector del Museo de Arqueología) trasladó que 'los que ponen el dinero' se quejan.

Y Escribano me dijo que había que dar un pelotazo», contó José Ángel Apellániz, arqueólogo profesional y de los primeros en saltar de este barco. Junto a sus compañeros Berjón y Crespo, su salida acabó por convencer a la administración foral de que el manantial de sorpresas históricas de Iruña Veleia no era sino un supuesto fraude. «Otro día descubrimos unos huesos de piernas y Eliseo llamó a Baldeón anunciándole el descubrimiento de la necrópolis de la ciudad. ¡Ni siquiera había un esqueleto entero!», lamentó Apellániz.

Once años han pasado desde el despido de Gil, quien cobraba «3.000 euros al mes», según declaró en sala. Siempre ha defendido su inocencia. Cuenta con un pequeño, pero entusiasta, grupo de fieles que no se ha perdido ni una sesión. A la pregunta de si manipuló los fragmentos, el principal procesado –se enfrenta a un máximo de 7 años y medio de prisión– lo negó categóricamente. Sobre su autenticidad fue más ambiguo.

«No hay demostración científica de la falsedad de los hallazgos», contestó. «Es una respuesta muy meditada. Ha tenido más de una década para preparar el juicio. Busca eludir su responsabilidad a la espera de que no se presenten pruebas concluyentes contra él», aclara una conocida abogada conocedora de esta polémica.

El quid de este proceso –coinciden diversas fuentes– radica en probar que los dibujos y palabras excepcionales supuestamente falsos salieron de las manos de Eliseo Gil. La recreación de una letrina, pensada para ser exhibida, escondería la clave. Testigos sostienen que el exdirector la 'decoró'. «Si coincide con la de los grafitos ahora en entredicho, Gil quedaría marcado», vaticinan medios policiales y judiciales.

En cuanto a la validez de los grafitos, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) dirán lo contrario. El IPCE dictaminó que «de 39 piezas analizadas, 35 presentaban anomalías para ser consideradas contemporáneas».