Fábricas de olvidados

Una catalítica caldea la estancia. Hay dos sofás y una mesa con un hornillo que hace las veces de cocina. Los suelos están limpios y sus cachivaches, ordenados en un rincón. Está claro que José y Ángela se han esmerado en hacer todo lo posible por convertir este sitio en algo parecido a un hogar de bajos vuelos. Pero, al otro lado de la pared, la miseria muestra su lado más crudo. Apesta hasta la náusea en una enorme nave tapizada por kilos y kilos de basura que, en algunos puntos, se amontona hasta formar cordilleras de inmundicia. Como la pareja, cada vez más personas sin hogar de Vitoria, que viven en los márgenes de un sistema incapaz de dar respuesta a sus problemas, buscan cobijo aquí, en pabellones abandonados, tan miserables como este. En estas fábricas de olvidados.

Esta misma semana, en una de esas comisiones en las que se despachan asuntos varios, se puso el foco en las personas sin hogar. El Gobierno municipal aseguró que tiene registradas 55 personas viviendo en la calle o «en lugares inadecuados». La oposición afeó que, en realidad, son muchas más. Como si el problema se limitara a eso, a meras cifras, a cómo de largas son las filas que se forman frente a los albergues. La gran pregunta debería ser por qué en una ciudad como Vitoria, que puede presumir de unos servicios sociales punteros, asume la derrota que supone tener a vecinos malviviendo al raso o en esos «lugares inadecuados» que no es más que un eufemismo que se queda corto para describir estos espacios inhumanos. Este periódico ha estado allí.

Es ya medianoche. La basura se acumula en el acceso a la antigua fábrica de Fournier, desde hace unos años uno de los principales lugares de la ciudad que dan cobijo a las personas sin hogar. José y Ángela -él 42, ella 52 años- conviven allí, se cuidan en estas cuatro paredes, a la espera de encontrar una habitación. «Pero es imposible, nadie quiere alquilarnos», lamenta la pareja. «Yo estoy enferma, apenas puedo salir y cuando él se marcha a comprar algo para comer paso miedo, es horrible esto», musita la mujer, que reconoce que la Policía Local «suele venir a ver cómo estamos y si necesitamos algo».

En una estancia contigua, al fondo de la fábrica abandonada, se abre otra puerta que suele estar cerrada con una gruesa cadena. De la oscuridad emerge una silueta enjuta. Lleva en la cabeza una de esas linternas que acostumbran a utilizar los espeleólogos. Y Arturo sabe muy bien qué es estar en lo más hondo del pozo. «Llevo ya más de dos meses sin consumir», apunta, con una pizca de orgullo, mientras el sonido metálico de un transistor ronronea entre las mantas con las que trata de entrar en calor en las noches más frías en este cuarto de penetrante olor acre del que no ve el momento de salir. «No voy al 'camas' -es el nombre popular del CMAS, el centro municipal de atención social- porque allí exigen unos horarios y unos requisitos que yo no puedo cumplir, yo lo que necesito es vivir en una habitación, a mi aire, pero ¿quién me la va a alquilar», se duele.

Es cierto que Vitoria cuenta con una red de recursos específicos para personas sin hogar, con un programa de atención, Hurbil, 115 camas en albergues y un centro de atención diurna. Según las cifras del Ayuntamiento, estos recursos alcanzan tasas de ocupación del 90%.

Los colectivos que trabajan con personas en situación de calle insisten en que se quedan cortos y, sobre todo, coinciden en que no están pensados para atender las necesidades de personas con situaciones muy complejas, no pocas veces con problemas de adicciones y salud mental. Sus circunstancias no encajan con la rigidez de los protocolos, de los requisitos que se les exigen para acceder a estos servicios. «Se trata de un colectivo a menudo reacio, o con dudas, a que les pueda ayudar y al cumplimiento de las normas», reconocen los propios responsables municipales de Políticas Sociales.

¿Dónde acaban estas personas que se encuentran en los márgenes del sistema? En lonjas destartaladas por toda la ciudad y en grandes pabellones abandonados, como un viejo almacén de muebles de Gamarra, que se ha convertido en uno de los focos que más preocupan ahora mismo a las asociaciones y a los voluntarios que trabajan con personas en situación de calle. Ni siquiera ellos se atreven a acceder ahí. Se calcula que en su interior malviven cerca de medio centenar de jóvenes, muy jóvenes. «No se fían de nadie, ni de los que vamos a ayudarles: temen que llegue la Policía y les eche de allí, que, al fin y al cabo, es el único sitio que tienen», explica Satur García, que durante años gestionó el desaparecido centro Bultzain en Puente Alto y es uno de las personas que mejor conoce el mapa de la miseria de la capital alavesa.

«Lo que está pasando en Vitoria es gravísimo, la situación puede reventar, cada vez hay más y más y más gente en la calle. Y después dirán que somos unos exagerados», explica García, muy beligerante con la actitud de las administraciones. «Nadie se pone de verdad con este tema, nadie busca una solución por una sencilla razón: los que viven en la calle no dan votos», censura.

García sale a la calle, por la noche, dos veces por semana para acompañar a los olvidados. Pero, impotente, tiene la sensación de estar achicando con una cucharilla el agua de un océano de necesidad. «Es necesario un centro como era Bultzain, en el que podían ir personas que no confían en las instituciones», propone. «El ejemplo para Vitoria tendría que ser Pamplona, donde nadie tiene que vivir en la calle», apunta.

Satur García es una de las voces públicas más críticas contra las políticas sociales de la administración local con los sintecho. Pero, en privado, trabajadores y educadores sociales consultados por este diario insisten en que los recursos están «absolutamente saturados». «La situación es insostenible», insisten.

El departamento municipal de Políticas Sociales no comparte esta visión y recuerdan que es a la Diputación a quien corresponde la atención a las personas que tienen valoración de exclusión social. «En todos los casos, el objetivo no es solo localizarles en la calle y atenderles allí mismo, sino sacarles de la calle y que no vuelvan a ella», defiende su responsable, el concejal Raimundo Ruiz de Escudero.

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