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David González
Viernes, 11 de mayo 2018, 01:33
Una chiquillada, de las que se repiten a diario en muchos comercios del término municipal, le ha salido carísima a un joven de 22 años. Procesado por participar en la sustracción de unas gominolas, para lo que rompió parte de la lona de la tienda, ... rechazó antes del pertinente juicio el remedio habitual en estas situaciones; el acusado acepta su autoría y repara los daños ocasionados a cambio de una sustancial rebaja de la condena, que únicamente le deja un borrón en su historial personal. Y nada de ingreso en prisión, por supuesto.
Pero el veinteañero se negó en redondo bajo la excusa de que no hizo nada malo. Imputado por un delito de robo con fuerza en las cosas, la Fiscalía le reclamaba un año y medio de cárcel. Es decir, el mínimo previsto por el Código Penal en este supuesto y que jamás hubiera supuesto internamiento alguno. Debido a su condición de extranjero -el joven es de origen magrebí- se agregó una segunda petición: «La expulsión del territorio nacional con prohibición de retornar por un periodo de cinco años».
Se trata de una solicitud bastante habitual, y que suele echarse abajo con una muestra de lo que se denomina «arraigo». Basta con un certificado de padrón, la declaración del propio imputado o de su entorno de que viven, en este caso, en Vitoria o en alguna localidad alavesa.
Sin embargo, el encausado se pegó el segundo tiro en el pie cuando, durante su declaración en la vista oral y según reza la sentencia a la que ha tenido acceso EL CORREO, aseguró que «actualmente, y desde hace cinco meses, vive con sus padres en Holanda, habiendo venido desde allí precisamente para asistir a la vista oral, y añadió que nació en Tánger y con 3 ó 4 años vino a España, y tras residir en Reus, estuvo 6 años viviendo en Vitoria».
Así que entre su negativa a pactar y a demostrar cualquier arraigo -pese a que parte de su familia reside en el País Vasco- se lo jugó todo al cara o cruz del juicio. Rechazó en todo momento que entrara en el local de chucherías, ubicado en un centro comercial. Sólo admitió salir del cine con tres amigos «a los que conocía de vista y sólo sabía su nombre». Este trío -declaró- se acercó a la lona, uno la levantó, cogieron productos y salieron a la carrera mientras él lo vio todo. El botín ascendió a 78,64 euros en gominolas.
La declaración del vigilante encargado de las cámaras de seguridad y de un ertzaina le sacaron los colores. Participó «de manera activa» como los otros tres, coincidieron. Ante su contundencia, el Juzgado de lo Penal número 2 decretó su expulsión de España. La abogada del joven ha recurrido el fallo.
La excusa del «arraigo» Para sortear el exilio, suele bastar con que el acusado alegue que tiene familia aquí y este joven no lo hizo
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