El Gobierno vasco recurre a la Justicia para explorar gas en Vitoria tras el rechazo del Ayuntamiento

Lakua formalizará de inmediato su recurso en sede judicial antes de que expire el plazo para hacerlo, a finales de la próxima semana. Con este trámite, el Ejecutivo autonómico confía en retomar su estrategia energética pese a la reprobación que ha despertado en el resto de formaciones políticas (incluido el PSE, su socio de gobierno) en todas las instituciones. También en Gorka Urtaran (PNV). El alcalde afirmó que defendería «con vehemencia» la normativa urbanística del Ayuntamiento y antepondría «el interés superior de Vitoria ante cualquier institución», pese a que igualmente se declaró «completamente alineado y de acuerdo» con el plan energético trazado por el Gobierno vasco.

El proyecto trata de conocer la existencia o no de hidrocarburos en el pozo de Armentia-2 –ya explorado sin éxito a finales de los años 90–, sin llegar a afrontar la fase de explotación. Pero todos los partidos creen que, en puertas de una ley española contra el cambio climático que puede poner este tipo de sondeos de materiales fósiles fuera de la agenda energética, no conviene asumir en Álava los riesgos de una exploración en la que se deben invertir cerca de 20 millones de euros.

El Gobierno vasco nunca descartó la opción de acudir a los tribunales para obtener la licencia de actividad que le negó el Ayuntamiento a finales de diciembre. La propia Tapia advirtió de que esta vía «podía tener recorrido» apenas 24 horas después de que Urtaran comunicara la existencia de un informe técnico que obligaba a desestimar la petición presentada por la sociedad pública Shesa (Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi). Aquel anuncio, realizado en los últimos días de 2020, reabrió las negociaciones con Elkarrekin Podemos para el Presupuesto municipal, que entrará hoy en vigor gracias a una abstención que el grupo morado vinculó al rechazo al gas.

No obstante, el propio informe municipal recuerda que, en última instancia, serán los tribunales de Justicia quienes deban resolver el cruce de intereses entre administraciones. Así lo recordó también la concejala de Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregi (PNV), quien aseguró que el Gobierno vasco y Shesa tenían «casi la obligación» de explorar la vía judicial.

Además del contenido de ese escrito, Lakua hará valer ante la Justicia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio de Transición Ecológica en 2019, que era favorable a la exploración, y las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) del Ejecutivo autonómico. Será labor del tribunal determinar cuál de estas normativas urbanísticas prevalece sobre las otras.

La perseverancia del PNV con la prospección de Subijana y el desencuentro unánime del resto de partidos desataron una tormenta política en el Parlamento vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, que todavía no ha amainado. El Pleno municipal y las Juntas Generales evidenciaron la soledad de la formación jeltzale en sendas sesiones celebradas en enero.

En el caso del Consistorio, que tuvo lugar solo un día después de que Urtaran anunciara la desestimación de la licencia, todos los grupos (PSE, EH Bildu, PP y Elkarrekin) respaldaron un texto socialista que «rechaza» el proyecto del gas en el pozo de Armentia-2 e instaba al Congreso de los Diputados a «aprobar lo antes posible una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohíba expresamente la concesión de nuevos permisos para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos». En las últimas fechas, la oposición ha mostrado sus dudas por que esta ley pudiera dejar «entreabierta» la opción de buscar gas en Subijana.