Los vascos que ganen menos de 19.000 euros al año no tendrán que hacer la declaración

El cambio más relevante se centra en las rentas bajas, las más castigadas precisamente por el efecto de la inflación en la presión fiscal que se ha ido agravando por el retraso que desde 2020 ha ido acumulando la reforma. Las diputaciones tratarán de recuperar un signo de identidad al hacer que los sueldos más humildes paguen menos impuestos que en el resto de España. Es la principal consecuencia de elevar a 19.000 euros el mínimo exento para presentar la declaración de la renta, una cantidad que actualmente está en 14.000 cuando el contribuyente tiene un solo pagador y hasta 20.000, si son dos o más. En el resto del país es de 15.876 euros, alineada con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El IRPF, en el planteamiento presentado ayer, mantiene la tarifa general sin cambios, y en cuanto a los tramos no presenta más novedad que este nuevo mínimo exento desde el que se calculará toda la nueva tabla de retenciones y la bonificación por trabajo. Unos ajustes que, en Bizkaia, la Diputación estima que afectarán a 179.000 personas suavizando su pago de impuestos. En todo el País Vasco, la cifra podría ascender a unos 335.000 contribuyentes.

Es una de las principales novedades de un planteamiento fiscal que busca dar respuesta a cuestiones como el acceso a la vivienda, las necesidades de los jóvenes, el reto demográfico, la generalización de planes de pensiones y la transición energética. De hecho, los jóvenes y su acceso a la vivienda -tanto en régimen de alquiler, como en propiedad- centran el mayor conjunto de cambios. Las EPSV también mejoran el tratamiento en lo que tiene que ver con el rescate del ahorro acumulado, atendiendo así a una reclamación histórica de sus gestores.

La filosofía del acuerdo trata de fijar un colectivo a proteger y sobre el que se extienden ventajas que ya tenían grupos de contribuyentes como las familias numerosas. Se añaden así los jóvenes -cuya edad se extiende de 30 a 36 años-, personas con discapacidad del 65% o más, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y unidades de convivencia que acogen a menores que la han sufrido.

Las rentas altas, en cambio, pierden condiciones que hasta ahora eran universales. Así, aquellas personas que presenten una base liquidable a partir de 85.000 euros -unos ingresos en el entorno de 100.000 euros- no podrán acceder a las ayudas fiscales para la compra o alquiler de vivienda habitual, tal y como adelantó este sábado EL CORREO en exclusiva -no habrá efecto retroactivo, de forma que solo afectará a las personas con este nivel de ingresos que compren o alquilen a partir de la entrada en vigor de la reforma-.

Además, en la tarifa del ahorro -que grava aquellos ingresos que no vienen del trabajo- se creará un nuevo tipo por encima del máximo actual del 25% para aquellas personas con ingresos por encima de los 200.000 euros. La intención de las haciendas es rebajar la presión fiscal sobre el resto las rentas medias y bajas del ahorro en la misma proporción que los ingresos que genere este nuevo tipo.

El alquiler de vivienda habitual es uno de los campos que más mejoras presenta para el colectivo que las haciendas consideran especialmente vulnerable. Todos ellos mejorarán de un modo importante la deducción general de los gastos para alquiler. Esta, a título general, seguirá siendo de un 20% con un tope de 1.600 euros al año. Pero este grupo podrá deducirse entre un 30% y un 35%. El trato fiscal se hace especialmente ventajoso para los jóvenes menores de 36 años, con una deducción del 35% y un límite anual que se duplica, hasta los 2.800 euros.

En cuanto a los propietarios también se introducen mejoras para movilizar el parque de viviendas vacías. Los ingresos del arrendador se imputarán en la base general y los gastos deducibles se elevarán al 30%. Un porcentaje que irá hasta el 50% si el gestor del alquiler es una administración pública o la vivienda está en una zona tensionada.

Para la compra, se mantiene el crédito fiscal por contribuyente de 36.000 euros y las deducciones en general: un 18% con un tope de 1.530 euros anual. Las condiciones más ventajosas -una deducción del 23% y un tope de 1.950- que tenían familias numerosas, llegarán también a jóvenes de hasta 36 años, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género. Las rentas que presenten una base liquidable de 85.000 euros, quedan excluidas de cualquier subvención fiscal para vivienda habitual.

Se plantean también varias medidas que buscan facilitar la conciliación del trabajo con la vida familiar, como un aumento de las deducciones por la contratación de cuidadores para niños y personas dependientes.

Las EPSV son otra de las asignaturas pendientes de la reforma fiscal. Lo más destacado es el tratamiento de la recuperación del ahorro. Cuando se haga en forma de renta -cobro mensual-, los beneficios generados con el ahorro (entre un 30% y 40% del total) estarán exentos de tributación, mientras que las cantidades aportadas se tratarán como rendimiento de trabajo. En el caso de cobro en forma de capital -de una sola vez-, los intereses se tributarán en la base del ahorro y el resto en la general, con las excepciones actuales.

La propuesta de impuestos defiende la necesidad de generalizar un sistema que complemente las pensiones públicas priorizando aquel en el que se comprometen a aportar empresa y trabajador. Para eso plantea una deducción de las aportaciones en IRPF de entre el 10% y el 25% condicionado al peso del ahorro sobre el sueldo. Además, se mantienen los topes anuales para reducción en la base imponible. Son 5.000 euros en los planes individuales, 8.000 en los de empleo y sumando hasta 12.000 con ambos.