Euskadi volverá a cobrar desde mañana la plusvalía

El objetivo pasa por sortear la inconstitucionalidad de la actual fórmula de cálculo, según lo reflejó una reciente sentencia del Alto Tribunal, que declaró nulos determinados artículos de la Ley estatal que regula este gravamen. No obstante, el tributo definitivo se diseñará en una mesa de trabajo conjunta entre los gobiernos forales, que diseñarán la nueva norma de manera «armonizada».

Los métodos de cálculo, a los que ha tenido acceso EL CORREO, se aplicarían de la siguiente manera: la opción A pasa por conocer el valor catastral de la vivienda en el momento de la venta, y qué porcentaje de esa cuantía corresponde al valor del terreno. Es decir, sin tener en cuenta la construcción, que no tributa. A la diferencia entre el precio de compra y el de venta se aplica el porcentaje del valor catastral del terreno y, sobre esa cifra, el tipo de gravamen que recogen las ordenanzas fiscales municipales. En el caso de Vitoria, el 30%. Por ejemplo, en una transacción con un beneficio de 20.000 euros en una vivienda en la que el valor catastral del terreno supone el 60% del total, se aplicaría ese porcentaje sobre 20.000 y, después, el 30% restante. En ese caso conreto, el pago sería de 3.600 euros.

La opción B incorpora una tabla de coeficientes máximos que se aplicará en función del número de años desde que se adquirió la vivienda. Los valores se actualizarán de forma anual. Esa cifra se multiplicará por el valor catastral del terreno de la vivienda y, después, el tipo del 30%. En cifras concretas, si el valor del terreno es de 80.000 euros y el coeficiente del 0,12 para un piso de siete años (no variará en exceso), el tributo ascendería a 2.880 euros. Cada contribuyente podrá seleccionar la fórmula que le resulte más econonómica. En cualquier caso, deberá ratificarlo este martes el Consejo de Gobierno foral.

Las tres diputaciones establecerán así un sistema similar al aprobado en Madrid, siempre de forma transitoria. El Consejo de Ministros dio luz verde al decreto que fija el nuevo diseño del impuesto para reformar los aspectos declarados ilegales, y que ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de rebajar un 15% de la base imponible del gravamen final.

El objetivo de las diputaciones es comenzar a aplicar este modelo cuanto antes, tal y como reflejaron desde que se conoció parte de la sentencia del Constitucional. La alavesa lo aprobará hoy mismo vía decreto, según anunció ayer la institución foral. Este tributo deja 62 millones anuales en las arcas vascas.

Las instituciones representadas en el OCTE acordaron también constituir un grupo de trabajo interinstitucional cuyo objetivo será elaborar una propuesta de reforma conjunta del tributo que «cumpla el principio de capacidad económica a la vez que se asegura la suficiencia financiera de los municipios».