«Por 50 euros al mes te empadrono sin que vivas en casa»

Este periódico lo ha comprobado tras un rastreo básico por páginas de segunda mano, plataformas de alquiler de pisos, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Se trata de un método llevado a cabo por caseros sin escrúpulos. A menudo se trata de arrendatarios que ven en esta práctica irregular una fuente adicional de ingresos.

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En uno de estos anuncios, un vecino exige «420 euros por medio año» de padrón ficticio. A 70 euros cada mes. Una simple conversación por whatsapp basta para reducir hasta 50 euros este diezmo. Incluso este hombre acepta sin problemas la fórmula del pago por bizum. Se trata una cantidad ridícula comparada con las 'tarifas' de hace ocho años, cuando el precio medio por estos empadronamientos irregulares no bajaba de 250 euros.

Una vez se activen las nuevas tarifas aprobadas en diciembre por el Parlamento vasco, la cuantía para un perceptor será de 800 euros mensuales, mientras que una familia de dos adultos y dos menores percibirá 1.386,85 euros. A estas cantidades pueden añadirse otros 300 euros extras si se presenta un contrato de alquiler, ya sea de una habitación o un piso entero. «Es una cantidad muy interesante que sirve para incorporarse al sistema, pero que lógicamente también atrae a pícaros», reconoce un empleado de Lanbide, órgano responsable de estas ayudas de carácter indefinido.

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El Servicio Vasco de Empleo exige un mínimo de tres años consecutivos empadronado en el País Vasco con excepciones. Refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de violencia machista y doméstica, de explotación sexual y trata y exmenores no acompañados que hayan pasado por un sistema de protección pueden ingresar sin ese requisito temporal.

Una mujer ofrece «una habitación con contrato y padrón pero sin vivir». El precio de salida son 250 euros. Pero, al igual que en el otro contacto, la promesa verbal de asegurar un año completo de pagos basta para rebajar la tarifa en 50 euros.

Fuentes judiciales advierten de que «estamos ante un claro delito de estafa y de falsedad documental, que podría significar penas de cárcel».