Europa pide a España que «restañe» las heridas por los crímenes del 3 de marzo

El foro legislativo de la UE, que acababa de escuchar a las víctimas de los crímenes de Zaramaga, se comprometía a dar ese toque de atención al Estado -al que pidió «restañar las heridas»-, pero también a requerir a la Comisión Europea la respuesta a esta pregunta: ¿Qué vías hay para cotejar si España cumple con el acuerdo marco europeo en reparación a las víctimas de la dictadura, sin interferir en su administración de justicia? Con la incógnita despejada se debería caminar hacia un estudio sobre su nivel de compromiso. Pero tiempo al tiempo. Porque la diputada Cecilia Wikström, presidenta de la comisión, lo planteó con matizaciones -quizás por la nueva sensibilidad en Madrid- y ampliando al foco a otros países como Austria y Grecia «que quizás están en la misma situación».

Pero lo planteó. Y todo después de que se escucharan en la capital belga los nombres de Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, que perdieron la vida a manos de la policía militar aquel 3 de marzo tras el desalojo de la parroquia de San Francisco de Asís; y los de Juan Gabriel Rodrigo Knafo y Vicente Antón Ferrero, que morirían días después en Tarragona y Basauri en la represión de las manifestaciones. Andoni Txasko, que hace 42 años en aquellos hechos perdió prácticamente la visión por una brutal paliza de los 'grises', los recordó en la sede parlamentaria. Luego se excusó. Cedió la palabra a Nerea Martínez, sobrina de uno de los asesinados, «por mi dificultad para seguir leyendo».

Así comenzó la comparecencia de los portavoces de la Asociación 3 de marzo en la llamada Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo cuyo cometido es atender las quejas de los ciudadanos que creen vulnerados sus derechos. Estuvieron acompañados por el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran; y por la portavoz municipal de EH Bildu, Miren Larrion, entre otros. Después de tres largos años de espera, defendieron ante un grupo de diputados que aquel 3 de marzo se cometió «un delito de lesa humanidad que no prescribe, pero que continúa impune porque en 2015 el Gobierno de España impidió el procesamiento de los responsables». Aún cuando existía sobre ellos orden de detención internacional de la jueza argentina María Servini. «Nuestro caso es la punta del iceberg de la discriminación que padecen las víctimas del franquismo, que merecen otra mirada desde Europa», planteó Martínez, que pidió «verdad, justicia y reparación».

Tras escucharla, el procedimiento requiere la intervención de un representante de la Comisión Europea. Y ayer la portavoz del órgano ejecutivo acabó emocionándose tras recordar que sobre el 'caso 3 de marzo' se han sucedido tres pronunciamientos con el mismo sustrato: «No somos competentes para intervenir en la justicia de los estados» ni «podemos imponer formación a los jueces» en materia de derechos humanos. «Pero no nos olvidamos de las víctimas», dijo al recordar su apoyo «para quienes mantienen viva la memoria de los crímenes». Pero ¿es suficiente? Quizás no. Parecía sentir que no. Se le quebró la voz: «Estoy casada con el nieto de un luchador anarquista, exiliado, un pescador de Pontevedra... Hemos conseguido que nuestros niños recuerden todo esto, sus valores por los que lucharon sus abuelos». Y se le escapó alguna lágrima. La presidenta Wikström zanjó: «Si es que este no es un problema nacional, es una herida europea».