La sucesión de crisis económicas, la inestabilidad laboral y un mercado de vivienda de alquiler escaso y con precios muy elevados ha llevado a 9.782 alaveses (9.253 en Vitoria) a apuntarse en Etxebide para tratar de acceder así a un piso de renta ... baja. Engrosan esas listas porque cumplen los requisitos de ingresos económicos y empadronamiento que exige el Servicio Vasco de Vivienda para adjudicar una casa de alquiler. Es decir, son jóvenes, parejas o familias con hijos residentes en el territorio y con pocos ingresos. De hecho, la mitad de ellos no supera los 12.000 euros al año. Hace tan sólo un lustro eran 6.600 los solicitantes, lo que supone un incremento de más de un 30%. Mientras esperan no les queda más remedio que acudir al mercado libre y pedir ayudas. Para paliar parte de ese problema Etxebide ha destinado 14 millones de euros a comprar suelo en Salburua y Zabalgana a fin de levantar 1.100 nuevos pisos de alquiler social.
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El viceconsejero de Vivienda, el socialista Pedro Jáuregui, revela a EL CORREO que su departamento y el Ayuntamiento de Vitoria están a punto de cerrar un nuevo convenio que le permitirá obtener, vía cesión o compra, el suelo necesario para las sucesivas promociones. Se sumarán a las 410 que tiene ya en construcción en Lakuabizkarra y Salburua. Estos 1.510 pisos se añadirán al parque de 2.786 que gestiona Alokabide en la capital alavesa. La ciudad, asegura Jáuregui, «está a la cabeza de España en vivienda pública por habitante y también de Euskadi, pero es porque es la que más suelo tiene».
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El viceconsejero admite que la demanda desborda la oferta. Aunque esta situación se repite en toda la geografía vasca, en Vitoria la necesidad es quizá mayor «porque hay muy poca oferta de alquiler en el mercado libre y el precio es muy alto». «No hay varitas mágicas en política de vivienda», advierte. La cultura del arrendamiento de pisos, tan arraigada en casi todo el Viejo Continente, es reciente por estos pagos. «En el norte de Europa empezaron a desarrollar políticas de alquiler social tras la Primera Guerra Mundial y aquí apenas llevamos 15 o 20 años. La única manera que tenemos de llegar ahí es la de seguir invirtiendo en vivienda protegida pública durante muchísimos años más».
235 euros de media al mes pagan los adjudicatarios de pisos de alquiler social en el País Vasco.
521 promociones de vivienda nueva tiene en curso el Departamento vasco de Vivienda en Álava en las que invertirá 46 millones de euros.
Listas de espera en Álava y Vitoria. En el territorio hay apuntadas 1.121 personas a compra de VPO y 9.782 a alquiler social. En Vitoria, son 1.096 y 9.253, respectivamente.
Lakuabizkarra, Salburua y Amurrio. Se trata de 92 alojamientos dotacionales en Lakuabizkarra y dos promociones de 152 y 166 viviendas de renta baja en Salburua. En Amurrio construye ya 42 sociales de alquileres y tiene en proyecto otras 69.
4.307 alquileres gestiona Alokabide en Álava, de los que 3.790 están en la capital alavesa. De ellos, 851 son 'bizigunes', es decir, viviendas de segunda mano que sus propietarios han cedido durante cinco años al Gobierno vasco a cambio de un renta mensual y la seguridad de recuperar el piso en el mismo estado en que lo dejó.
Hasta la crisis del ladrillo de 2008, agrega, el alquiler no era la opción preferida de los alaveses. Conseguir una hipoteca era más sencillo y aún existía la mentalidad de que pagar una renta «era tirar el dinero». Pero las nuevas generaciones y ciudadanos de otras culturas han ayudado a que esto ya no se vea igual. «No quieren que una hipoteca les ate y por otro lado tienen mayor movilidad laboral», apunta el viceconsejero. Hoy, el 90% de los 10.903 alaveses demandantes de vivienda pública quiere piso en alquiler. Sólo son 1.121 los que prefieren comprar una VPO, un tipo de construcción de la que ahora sólo se encarga la iniciativa privada.
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El Servicio Vasco de Vivienda aún no ha agotado el anterior pacto con el Ayuntamiento vitoriano. De hecho, en base a ese documento, tiene en construcción 92 alojamientos dotacionales –pequeños apartamentos– en Lakuabizkarra y dos promociones de 152 y 166 pisos de alquiler en Salburua. Yen cuanto el Gabinete Urtaran le ceda libre de cargas ambientales la parcela RC7de Larrein, levantará 189 más.
El nuevo pacto es en realidad un ajuste del anterior. La redensificación urbanística hace que se puedan levantar más casas en cada parcela y el Gobierno vasco y el Ayuntamiento han hecho de nuevo cuentas en Salburua y en Zabalgana. Serán necesarios unos años para estrenar esos 1.100 pisos.
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Los 410 vitorianos que accedan a las promociones en marcha y los 111 amurrianos a quienes les toque un piso de alquiler social en su pueblo pagarán de media 235,24 euros al mes por construcciones nuevas, accesibles y con trastero. Muy lejos de los 850 euros que de media cuesta alquilar ahora mismo un inmueble en el mercado libre de Vitoria.
En Álava, un total de 4.672 ciudadanos con bajos ingresos perciben la prestación complementaria de vivienda (junto a la RGI)y otros 101 la prestación económica de vivienda, según los datos facilitados por Etxebide. Alokabide gestiona su parque de alquiler y también los pisos del programa Bizigune, que son las viviendas de segunda mano que los particulares dejan en manos del Gobierno vasco durante cinco años a cambio de una renta fija y de la seguridad de recuperar el inmueble sin desperfectos. Los alaveses han cedido 851 pisos a esa iniciativa, de los que 572 se encuentran en Vitoria.
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Las promociones de VPO para venta corren a cargo de cooperativas y constructoras privadas ya que, desde 2015, la apuesta institucional es el alquiler social. Etxebide, no obstante, se encarga de cotejar que los aspirantes reúnen los requisitos para acceder a estos pisos. Pues bien, el precio al que los promotores pueden vender las viviendas protegidas en Euskadi no se actualiza desde el año 2010.
El equipo del consejero Iñaki Arriola, al frente del Departamento vasco de Vivienda, cree que en menos de dos meses tendrán listos los nuevos valores de los módulos de VPO. Esperan que esto ayude a los interesados a construir ya que, especialmente desde la guerra de Ucrania y la enorme subida de precios en todos los ámbitos, algunas promociones ya comprometidas peligran.
En materia de vivienda protegida «llevábamos tiempo analizando la necesidad de revisar los precios porque la última orden es de 2010 y en estos años ha llovido mucho y se ha producido un encarecimiento de costes y materiales», señaló Arriola. La subida de los últimos tiempos «ha sido definitiva para confirmar que habrá una nueva orden». El consejero descarta que el incremento se extienda al alquiler social.
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