La publicación de los nuevos índices de vulnerabilidad, que se aplican a los colegios públicos y concertados para una distribución equitativa del alumnado vulnerable en el inicio de su vida escolar, ha causado de nuevo el malestar de la confederación de agrupaciones de padres y ... madres de la red pública vasca, Ehige. Su coordinadora, Lurdes Imaz, expresó en declaraciones a este periódico una «falta de transparencia» por parte del Departamento de Educación que les impide entender los nuevos ratios en todo el País Vasco y la bajada que, en concreto, se ha producido en Álava, donde en 2023 se fijó en el 20,4% y ahora se ha establecido en un 18%. A falta de que los responsables del área les extiendan una explicación, esta portavoz apunta que el sistema que se emplea es «poco objetivo» -algo que ya denunciaron el año pasado cuando se puso en marcha- pues, a su juicio, además de que la información que se emplea para concretar los ratios es «manipulable», «falta la inclusión de datos económicos en las encuestas que se realizan a las familias». Y es que, para detectar estos perfiles, se remite a las familias con niños de 2 y 3 años un cuestionario en el que se les pregunta sobre titulaciones académicas, profesión, hábitos de lectura, conexión a internet o el número de cuartos de baño y dormitorios que tienen en sus hogares.
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Imaz cree que esta forma de reparto de los alumnos vulnerables provoca una «estigmatización» y «expulsa a escolares que quieran ir a la escuela pública ya que se ven obligados a estar en un centro concertado». Todo esto provoca que «familias se enfrenten a cuotas que no pueden asumir, que se pierda el derecho a decidir escuela pública y que, en el contexto de bajada de natalidad, se sigan concertando nuevas plazas de 2 años en localidades que cuentan con plazas públicas suficientes», comenta antes de añadir que «en la escuela pública no sobra nadie. Lo que faltan son recursos, para atender a todo tipo de alumnado de manera correcta». Además defiende que «todo indica que estas medidas se han convertido en la herramienta para blindar el sistema educativo público-privado y para mantener de forma artificial a algunos centros concertados».
Por otro lado, en términos generales, esta modificación ha resultado una buena noticia para los colegios pertenecientes a la red concertada, ya que son los que más están notando las consecuencias de una medida que ha entrado en vigor durante el presente curso. Uno de los principales impactos negativos han sido los casos de familias que no han podido acceder al centro que habían elegido habiendo plazas libres pero «bloqueadas» para menores etiquetados como vulnerables. El mapa escolar de Vitoria está dividido en 4 zonas, y en tres de ellas Educación ha ajustado el índice de vulnerabilidad a la baja. La parte del mapa que incluye a los barrios de Salburua o Arana es la única en la que Educación ha ajustado al alza el índice de vulnerabilidad, aunque el incremento no es significativo. Aquí pasa del 13,5% al 14,6%.
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