La Ertzaintza controlará el interior de un centro de menores de Bizkaia tras una ola de incidentes

Esta medida se produce después de los últimos incidentes que se han sucedido en el centro de menores de esta pequeña localidad rural vizcaína, de poco más de 2.500 habitantes. Los vecinos han denunciado numerosos altercados desde que la instalación fue inaugurada, poco después de Semana Santa. En la actualidad hay acogidos alrededor de 35 adolescentes. Pero la gran mayoría de los altercados han sido cometidos, según los mismos medios, por un pequeño grupo que se aloja en la zona en la que residen los chavales «más conflictivos».

Fueron estos mismos chicos los que supuestamente rompieron cristales y televisores de los espacios comunes hace un par de semanas y los que protagonizaron altercados violentos el pasado viernes. Ese día agredieron a dos trabajadoras, que no quisieron presentar una denuncia. Uno de los menores había sido detenido días antes por la Policía Municipal en Bilbao acusado de robo con violencia. Y, poco después, otro chico se revolvió contra uno de los agentes, al que empujó e intentó tirar al suelo, por lo que fue imputado por un supuesto atentado contra agente de la autoridad y daños.

La decisión de permitir a la Ertzaintza acceder al recinto se produce, además, tras algunos problemas de coordinación. Y después de que sanitarios de las ambulancias que cubren Las Encartaciones se negasen a realizar traslados desde el centro de menores de Sopuerta sin cobertura de la Ertzaintza. Los profesionales lanzaron esa denuncia después de que varios de sus compañeros alertasen de incidentes «violentos» que habían llegado a poner en riesgo su integridad física cuando prestaban asistencia, según explicaron desde el sindicato LSB-USO. Estos profesionales sanitariospiden que los agentes de la Ertzaintza se desplacen con ellos dentro de la ambulancia. Recuerdan que uno de los chavales trasladados se fugó en cuanto llegó al hospital de Cruces. Hace unos días -añaden las mismas fuentes- otro chico se «lanzó» contra la ambulancia para tratar de sacar de allí a un joven que había sido inmovilizado por los destrozos que estaba causando en las instalaciones. «Lo que no puede ser es que se ponga en riesgo la salud de los sanitarios que acuden a prestar asistencia», insisten los mismos medios.

La queja del sindicato LSB-USO se produjo días después de que la Ertzaintza recibiese una denuncia por un supuesto robo con intimidación de un teléfono móvil que se produjo en las inmediaciones del Palacio de Quintana, donde se ubica el centro de menores, en el barrio de Mercadillo. Se trata de un palacete que había acogido antes una residencia de ancianos, de unos 900 metros cuadrados, al que rodean 13.000 metros cuadrados de terreno.

Los denunciantes venían de fiestas de Ortuella, sobre las cuatro de la madrugada, y afirman que fueron abordados por un amplio grupo de chavales. A dos de ellos -dijeron- les cogieron del cuello. A otra de las víctimas le sustrajeron el teléfono que llevaba en un bolsillo. Horas después esta última persona informó a la Ertzaintza de que la geolocalización de su terminal lo situaba en el interior del centro de menores. La Policía vasca comunicó lo ocurrido a los responsables del centro, pero no consiguió autorización para poder acceder al interior de las instalaciones, insisten los mismos medios.

Según las fuentes consultadas, durante el tiempo en el que lleva abierto el centro se han producido numerosos altercados y agresiones a trabajadores. Algunos empleados han presentado su renuncia y otros han pedido que se contrate seguridad privada.

La Diputación no quiso hacer ayer comentarios sobre este asunto. Desde que se conoció la apertura del centro se ha mostrado especialmente cuidadosa con la información relativa a estas instalaciones. Ante las protestas de los vecinos que reclamaban su cierre, la Administración foral prefirió no pronunciarse, ya que quiere evitar cualquier estigma que recaiga en los chicos acogidos, extranjeros sin referentes familiares. Los responsables forales insisten en «dejar fuera del foco público cualquier información relativa a la convivencia en este espacio». Y recuerdan que atenderles «es una obligación legal» que deben asumir como institución. «No vamos a dejar a ningún niño o niña desprotegido en la calle», insistieron portavoces del ente foral.