Enresa pide los permisos para desmantelar Garoña a partir de 2022

La previsión de Enresa, que ha presentado la documentación este jueves y que calcula el coste total estimado del desmantelamiento en 468 millones de euros, es que la autorización del ministerio para esta primera etapa sea «efectiva» en 2022 y se prolongue durante tres años, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como los dictámenes e informes que correspondan incluyendo la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.

Esta solicitud se produce a pocos meses de que se cumplan 3 años desde que la planta atómica burgalesa, que paralizó su actividad de generación de electricidad en diciembre de 2012, vio denegada definitivamente la renovación de su autorización de explotación en agosto de 2017.

La ejecución material de la primera fase del desmantelamiento incluirá la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central, además del desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario durante la segunda fase.

Esta segunda fase precisará, a su vez, de la correspondiente autorización del ministerio de Transición Ecológica, así como de un informe favorable previo del CSN, fase que, según Enresa, debería comenzar en 2025 y durar siete años. Durante este período temporal se desmantelará el reactor, así como el resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios para, al final, concluir con «la restauración ambiental del emplazamiento».

A la espera de la autorización del Gobierno, en las próximas semanas Enresa continuará «avanzando las actividades preparatorias», como la caracterización radiológica del edificio de turbina, concluida recientemente por esta entidad y por la compañía propietaria de la central, Nuclenor, o la puesta de fuera de servicio de sistemas no necesarios para el desmantelamiento.

Enresa avanzó también que «próximamente» se iniciarán las actividades relacionadas con la eliminación de riesgos convencionales, la descontaminación de sistemas y la adaptación de las instalaciones auxiliares a las necesidades de desmantelamiento, así como la carga de los primeros 5 contenedores de combustible gastado y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI).

Los 468 millones de euros que costará el desmantelamiento total procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, gestionado por la propia Enresa y que se nutre de los aportes de los titulares de las centrales nucleares en explotación.

En esta cantidad, aclara el comunicado, no se incluyen el coste «ya incurrido» de construcción del ATI y el de los contenedores para el combustible gastado. Además, Enresa y el ministerio de Transición Ecológica se comprometen a facilitar la actividad económica y la creación de empleo en el entorno de la central, en colaboración con Ayuntamientos y agentes sociales y económicos, provinciales y regionales.