Las empresas de transporte elevan el pulso con Educación y no garantizan el servicio el lunes

Es la gran incógnita. En una comparecencia pública, los abogados de más de una treintena de compañías anunciaron ayer que sus clientes han interpuesto recursos administrativos contra la orden de ejecución forzosa dictada por el Gobierno («muchos más» lo harán por la vía judicial, señalaron). Hasta que esos recursos no se resuelvan, las empresas «no tienen obligación» de prestar el servicio de autobús escolar, aseveraron Miguel Ángel Zulaica y Guillermo Saiz.

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El Gobierno hizo otra interpretación. El departamento que lidera Jokin Bildarratz informó por la tarde de que ha desestimado las medidas cautelares solicitadas en los 39 recursos administrativos que ha recibido (que son «todos ellos idénticos», puntualizó). Educación «recuerda» a las empresas «la obligatoriedad legal de prestar el servicio de transporte escolar en base a la orden de ejecución forzosa». El choque está servido.

Mientras las asociaciones de transporte analizan qué hacer, sus abogados desgranaron ayer los motivos que les han llevado a echarle un órdago al Ejecutivo autonómico. Entre otros argumentos, consideran que la publicación de la orden apenas 48 horas antes del arranque del curso fue algo «desproporcionado, incomprensible e ilegal» y no les dio «margen de organización». También defendieron que es «radicalmente nula de pleno derecho e irregular», al «publicarla en el boletín sin notificarse previamente a las empresas sin ningún tipo de procedimiento ni dar audiencia al interesado».

De fondo, explicaron, se sitúa un «problema estructural» y no una mera cuestión económica. Por ejemplo, «las dificultades para encontrar chóferes de autobuses, a las que se suma la problemática de la inversión para adquirir y reponer los vehículos», además de conocer los detalles de «horarios, paradas e itinerarios». Los transportistas, aseguraron, obtuvieron hace un año el compromiso del consejero de reunirse para abordar estas cuestiones. La reunión nunca se produjo.

Por todo ello, criticaron la «dejación» de Educación en este asunto, ya que podría haber licitado los nuevos contratos «en abril» y no dejar el asunto «para última hora». Además, denunciaron «falta de voluntad de diálogo» ya que, según su versión, se negó a reunirse con los transportistas hasta el pasado 22 de agosto, cuando el Departamento hizo su última oferta y «amenazó» con obligarles a prestar el servicio. Por otra parte, los abogados centran su argumentación en que el servicio que prestan es «complementario, y no esencial». Para ello señalan que en casos de huelga, el transporte escolar no es una de las cuestiones que se garantizan.

La situación es todo un desafío para la consejería de Jokin Bildarratz, que ha afirmado por activa y por pasiva que el transporte escolar estaría garantizado. Ayer no fue así y está por ver si lo será la próxima semana. El calado del asunto se observa con nitidez en cifras. Euskadi contará este curso con 361.553 alumnos en la enseñanza no universitaria, prácticamente la misma cifra que el año pasado. La caída de la natalidad se hace notar en las etapas iniciales mientras que en las superiores la ola aún no ha llegado. En el caso de Álava, hay 58.537 alumnos matriculados, y más de la mitad (31.296) pertenecen a centros públicos, que son los grandes afectados de esta disputa entre el Gobierno vasco y las empresas.

Hubo algunos casos ayer en los que la falta de transporte escolar resultó más evidente que en otros y afectó al comienzo de las clases. Por ejemplo, la ikastola Etxaurren, en el Valle de Ayala, cuenta con un 98% de alumnado que depende de este servicio. De hecho, sólo acudió una compañía a realizar el servicio de un solo recorrido, de los seis que tiene el centro.

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Cuestionado por este escenario, Bildarratz afirmó ayer que «la única herramienta que tenemos es la del derecho». Indicó que el Departamento analizará la incidencia que el plante de los transportistas provoca en el arranque de curso antes de decidir los pasos a dar. Eso sí, se dirigió a las familias afectadas para «lamentar la situación», y emplazó a las empresas a que «reconsideren su postura porque, encima de la mesa, están los derechos que tienen nuestros jóvenes y familias para una educación pública y justa».

El consejero reivindicó «el diálogo» pero «con respeto a la necesidad que tienen las familias y con la gestión responsable de los fondos públicos», en una referencia velada a las exigencias económicas de las empresas de autobuses. «Creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante con esa oferta de asumir el coste real más el 6%», puntualizó, refiriéndose a las condiciones de la orden de ejecución forzosa.

El caso ha llegado al Parlamento vasco. EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y el PP criticaron la «falta de planificación» del Gobierno en este asunto. Los morados afirmaron que el Ejecutivo «debe extraer una lección» sobre lo ocurrido, mientras que la coalición soberanista y los populares pidieron la comparecencia del consejero en la Cámara para rendir cuentas.