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«Muchos contratos ni están firmados ni tampoco apalabrados. En realidad seguimos negociando en un número notable de rutas». Varias empresas advirtieron ayer de que el conflicto en el transporte escolar en Euskadi sigue «abierto» y que «no está asegurado» que el servicio funcione con ... normalidad al inicio del curso 2024-2025, que arrancará el próximo 6 de septiembre.
Este análisis de la situación contrasta con las declaraciones efectuadas el pasado miércoles por la consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa, que sostuvo que no habría problemas y que todos los alumnos tendrían «garantizado» el traslado hasta los centros educativos, tras haber realizado su departamento «un trabajo discreto» de llegar a pactos con las diversas compañías durante este verano.
Las fuentes consultadas por este diario afirman que hay «un número significativo» de rutas cuyo contrato no está sellado. «Pueden ser decenas», insisten, a la espera de una análisis más exhaustivo. «Hemos visto muy optimista a la consejera y, es verdad que las cosas están mejor que el año pasado a estas alturas, pero siguen en el aire». El conflicto dejó el curso pasado a 7.400 niños sin autobús la primera semana de clases. El problema de fondo es que la patronal considera que muchos de los trayectos previstos no resultan rentables con las partidas ofrecidas.
Por este motivo, la mayoría de las rutas, sobre todo en Bizkaia, quedaron desiertas en el concurso que se convocó hace unos meses (sólo se adjudicaron dos de las casi 200). Ante este escenario y para salir del paso, el Gobierno vasco se ha visto obligado a negociar, una a una, con posibles empresas interesadas. «No solo es un problema de dinero», apuntan desde el sector. «Hay que tener en cuenta que nos han usado de chivos expiatorios de cara a la opinión pública; nos han abierto un expediente en la Autoridad Vasca de la Competencia (por supuestas actividades irregulares a la hora de ir a los concursos) que nos puede hundir para siempre y ahora quieren que les salvemos el curso, con el riesgo de que si aceptamos el contrato, nos veamos obligados el año que viene a repetir, si no sacan una nueva licitación».
Algunas empresas creen que en el pasado el Ejecutivo autonómico también realizó «promesas que después no cumplió». Este sería uno de los principales escollos. Hay una falta de confianza entre las partes. «No queremos sentirnos defraudados otra vez».
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