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El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha decidido paralizar la adjudicación del proyecto para rehabilitar el antiguo edificio de los Padres Paules en Zuia. El Ayuntamiento invirtió 1,65 millones en 2016 con el objetivo de trasladar allí el centro de educación infantil y ... el colegio de primaria Virgen de Oro, pero la caída en las previsiones de matriculación han empujado al Ejecutivo autonómico a desistir sobre esta licitación. Portavoces de la consejería, sin embargo, aseguran que están trabajando junto al Consistorio para analizar «las necesidades y posibilidades» que tiene el entorno y «no se descarta ninguna opción», ni siquiera aprovechar el antiguo convento.
En la resolución a la que ha tenido acceso EL CORREO, se especifica que la Administración ha valorado que «las necesidades que motivaron sacar a concurso el expediente en 2018 no existen en la actualidad». Porque se quería remodelar el edificio de los Paules para acoger a alumnos de infantil y primaria tras considerar que el centro Virgen de Oro ya «no era suficiente». «No obstante, en estos años se ha comprobado que las previsiones de matriculaciones realizadas en 2018 no han sido correctas, ya que este centro ha bajado en estos tres últimos cursos y analizando los datos de natalidad y tendencias a medio plazo se concluye que la matriculación no va a aumentar», analiza el departamento que dirige Jokin Bildarratz.
Se considera que el actual edificio puede acoger a todos los estudiantes del centro sin necesidad de ejecutar un acondicionamiento. «De hecho, incluso se ha procedido a retirar los módulos prefabricados que se disponían al lado de ese edificio para poder albergar a parte del alumnado», mantiene la resolución.
Esta decisión del Gobierno vasco asumida «en aras de la eficiente utilización de los fondos públicos» deja a Zuia con la titularidad de un edificio que en 2016 le costó 1,65 millones y que dispuso de una subvención del 50% otorgada por la Diputación de Álava a través del plan de obras y servicios. El Consistorio, que lo adquirió por sugerencia del Ejecutivo autonómico, había reclamado de forma reiterada a Educación que ejecutase este proyecto, que no empezó a avanzar hasta 2019 y se convirtió en un cruce de recursos entre empresas que retrasó la adjudicación de un contrato que no llegará a ejecutarse.
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