Cientos de escolares vascos se quedan fuera del colegio que quieren pese a haber plazas libres

En la mayoría de estos casos, la negativa tiene una explicación: las plazas que aspiraban a ocupar están reservadas para alumnos vulnerables. Se trata de una medida que se ha comenzado a aplicar este nuevo curso. Durante el periodo ordinario de matriculación, los colegios sólo debían reservar estas plazas en el aula de dos años. No ha sido así, no obstante, en el periodo extraordinario.

Son pupitres que en estos momentos están vacíos. La previsión del Gobierno es que se cubran a lo largo del curso, cuando lleguen nuevos alumnos vulnerables. ¿Se llenarán? Es la pregunta que muchos se hacen y la duda que mantienen muchos directores, sobre todo en centros concertados, donde sus ingresos dependen de las matrículas. El curso pasado, por ejemplo, llegaron a Bizkaia algo más de 3.000 alumnos a lo largo del año escolar. El total de alumnos matriculados fue de casi 230.000.

Leire es madre de dos nenas. La mayor, Nahikari, tiene 9 años y la 'peque', Ainhize, tres. A la primera la escolarizó en Ikasbidea, en Durana. Fue allí donde ella estudió y es el centro que mejor le viene a la familia por cercanía. Con su segunda hija ni se plantearon llevarla a otro centro. «Incluso preguntamos si habría problemas para matricularla aquí y nos dijeron que para nada», recuerda. Hicieron la prematrícula pero «de un día para otro nos dijeron que no» y que a la segunda «nos la mandaban a Samaniego». «Nosotros vivimos en Salburua, a 1,5 kilómetros. Coinciden los horarios, trabajamos, no tenemos abuelos que nos puedan echar una mano, aunque tampoco es cuestión... es inviable poder estar en dos sitios a la vez y evidentemente las niñas son muy pequeñas para ir solas al cole», clama.

Reclamaron y la contestación fue reubicar a la peque en la Ikastola Aratzanbela «que tampoco nos soluciona nada». Con el apoyo de otra de las madres afectadas, abogada de profesión, han presentado un recurso de alzada ante Educación. A día de hoy, «no nos han contestado». «Las mentiras y este silencio es lo que más nos molesta. Pero si hasta el consejero salió diciendo que no iban a separar a hermanos... ¡Mentira!», recuerda indignada.

A pocos días del inicio del curso, Morquecho se confiesa nerviosa. Para el día 7, «nos apañeremos porque mi marido puede, pero el resto no sé cómo lo haremos». Apostilla que ella no tiene nada en contra de Arantzabela, con cuya directora se ha reunido para tratar la situación. «Mi problema evidentemente no es con ese colegio, es con una decisión arbitraria y totalmente ilógica», zanja.

Olga Pereda se mudó de Madrid a Bilbao, donde trabaja su marido, para reagrupar a la familia. Su hijo, Mikel, tiene ocho años y va a cursar cuarto de Primaria. Formalizaron la matrícula fuera del periodo ordinario porque no pudieron empadronarle en Getxo hasta que finalizó el curso pasado. El centro que querían está «delante de casa», es laico, concertado y de modelo A. Tiene nueve plazas disponibles en el curso de Mikel.

Cuál fue su sorpresa, sin embargo, cuando recibieron un «frío» mensaje de texto del Gobierno vasco informando de que su hijo había sido matriculado en una ikastola. Es decir, modelo D. Él no sabe «una palabra» de euskera por haber vivido toda la vida en Madrid, por lo que «lo más seguro es que perdiese el curso, con el daño que eso supondría para su bienestar emocional», explica Olga. «Queremos que Mikel aprenda euskera, pero de forma progresiva; ya le hemos matriculado en un euskaltegi». Periodista, gracias a su profesión ha podido saber que la decisión de negarles plaza se debe a la reserva para vulnerables. «Si no, nadie te lo explica», protesta.

Tras remover Roma con Santiago, han conseguido que el Gobierno vasco les adjudique un colegio público de modelo A en Aiboa. La familia vive en Andra Mari (Getxo), a media hora andando. Y, a falta de pocos días para que comience el curso, «no tenemos asegurada plaza de transporte ni de comedor», señala. «No tengo garantizada la conciliación familiar. ¿Qué hago, dejo mi trabajo para poder llevarle a clase?». La lejanía con el domicilio tiene otra derivada. «Queríamos que Mikel conociese chicos del barrio para integrarse».

Han interpuesto recurso de alzada contra la decisión de Educación «pero aún no nos han contestado». «No entendemos que se pongan tantas trabas a los que venimos de fuera. No me siento bien acogida», lamenta.

Asegura estar «a favor» de la política para evitar la segregación y se muestra «propública». Pero se siente víctima de una decisión política, a su juicio, «sin sentido» porque «lo único que están haciendo es retrasar la entrada de Mikel en ese colegio un año». «El curso que viene, si le matriculamos en periodo ordinario, podrá entrar porque habrá plazas libres y el cupo para vulnerables no se aplicará. ¿Qué sentido tiene todo esto?», se lamenta.

Amets tiene 3 años y repite que va a ir al cole con Hodei, su hermano mayor. Sus aitas no saben cómo decirle que, o mucho cambian las cosas, o eso no va a pasar. El pequeño de los hermanos empezará el curso en Mariturri, lo suficientemente alejado de Ikasbidea para hacer imposible a sus padres poder llevarlos y recogerlos.

La familia vive en Zabalgana y aunque Ikasbidea les queda un poco a desmano, era el centro que más les gustaba, y en el que les dieron plaza cuando escolarizaron a Hodei. No se arrepienten. Hasta el punto de que en sus planes está cambiarse de piso para estar más cerca. Hasta que les dijeron que el pequeño no tenía plaza.

«Cuando preguntamos el año pasado, que le tocaba el aula de dos años, nos dijeron que no iba a haber problema si esperábamos a que tuviera tres años. Así que formalizamos la prematrícula tan tranquilos y sin pedir plaza en más sitios», recuerda Ekaitz Caldero, el aita. Plaza hubo, pero en Adurza.

Tras reclamar, «le mandaron a Mariturri, que está un poco más cerca pero que claro, pillándonos con una mudanza planeada para acercarnos a Durana, nos rompió todos los planes», lamenta. Han reclamado, pedido cita en Educación, hablado con un director provincial, mandado correos electrónicos al propio consejero y hasta planteado un recurso de alzada contra la decisión. El silencio y las negativas a dar detalles han sido la tónica habitual.

Llevan desde abril buscando soluciones pero el tiempo se agota. «Hemos pensado cambiar al mayor de centro, pero no nos lo aconsejan; anular la mudanza y perder dinero; contratar a alguien que los lleve y recoja... Mi mujer está dispuesta a dejar de trabajar con el perjuicio que eso nos causa a todos. ¿De verdad no pueden ser más flexibles?», se pregunta este aita que anuncia que tanto él como el resto de afectados seguirán luchando. «No descarto la vía judicial y volver a movilizarnos como ya hicimos en mayo», advierte.

«No hay nada que justifique las decisiones del Gobierno vasco en este tema. Se amparan en una orden, pero eso no tiene el rango de un decreto o de una ley, y si la hubiera, no tendría carácter retroactivo». El argumento lo lanza Mikel De Juan, aita de tres niños. Los dos mayores, mellizos de 8 años, están escolarizados en Ikasbidea. Al tercero, de dos años, el año pasado le tocó en Arantzabela. Para este curso que entra, la familia solicitó el cambio del txiki a Ikasbidea en septiembre de 2022, pero no se lo concedieron. «No nos dieron ningún argumento y con el tiempo vimos que había más familias afectadas y decidimos movilizarnos. Sabemos que hay más casos parecidos en Euskadi y que es totalmente injusto», lamenta De Juan. Insiste en que «no se trata de un capricho» y en que la decisión de Educación «no tiene ningún tipo de fundamento legal».

«Es una decisión unilateral. Ellos no pueden limitar las plazas con ratios establecidos. Quizás haya un acuerdo con los sindicatos detrás, pero eso afecta a las familias y nos deja en una situación de indefensión», argumenta. Ellos también han planteado un recurso de alzada que no ha sido contestado. «Los plazos se han agotado y ahora nos queda seguir con la vía legal e ir ante el juez, aunque eso es un proceso largo», reconoce.

Entre tanto, él y su pareja se «apañarán» y se «repartirán» para llevar y recoger a los peques. «Haremos equilibrios para solventar una situación que han generado ellos y que nos causa unos evidentes problemas de logística y económicos», censura.

De origen estadounidense, empresaria, judía y madre de tres hijos, Alexis se desespera. Por causas «fuera de nuestro control», sus dos hijos mayores van al colegio Trueba y el mayor, al Vizcaya. Ambos son laicos y no religiosos, lo que buscan, pero están separados cuatro kilómetros. Ha intentado juntarlos en el Vizcaya pero no hay plazas. Cualquier otro año seguramente el centro habría podido matricular por encima de la ratio. Pero eso este curso se acabó. Es una de las medidas puestas del Gobierno para limitar la sobreoferta de plazas y reducir la segregación escolar.

«La logística es súper complicada. Las paradas de autobús están muy lejos, mi marido y yo nos tenemos que dividir y no llegamos». «Como familia numerosa y trabajadores autónomos, nos enfrentamos a muchos retos y creemos merecemos algo de flexibilidad, sobre todo en un momento en el que el País Vasco experimenta una seria caída de la natalidad y de desaparición de empresas», zanja.