El conflicto en el transporte escolar amenaza el nuevo curso

Es cierto que queda todo el verano por delante, pero lo que los datos ponen de manifiesto es que el conflicto en el transporte escolar, que puso en jaque el inicio del curso actual durante una difícil semana, lejos de resolverse, va camino de enquistarse. Los dos últimos ejercicios dan fe de ello. En el curso 2022/2023, los transportistas sólo accedieron a prestar el servicio tras arrancarle a Educación un acuerdo en la madrugada del inicio de las clases para aumentar el precio del concurso un 24%, lo que permitió actualizar las tarifas tras varios años congeladas.

Sin embargo, lo más grave llegó hace ocho meses cuando el departamento no consiguió adjudicar casi ninguna ruta en Álava y Bizkaia. Las empresas de autobuses decidieron plantarse, pero la consejería quiso obligarles a cubrir los itinerarios en las que trabajaron durante el curso anterior al que prorrogaran los contratos amenazándoles con denunciarles ante la Fiscalía por conformar una especie de cártel.

Posteriormente se supo que el impulsor de esta idea fue Joanes Labayen, un asesor del área que figuraba, a su vez, en el consejo de administración de una empresa guipuzcoana que sí se llevó varias adjudicaciones por valor de cuatro millones de euros. El caso provocó un escándalo político y sólo la mayoría absoluta de PNV y PSE impidió que se abriera una investigación en el Parlamento vasco. En cualquier caso, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) abrió un expediente sancionador a 25 empresas alavesas, 45 vizcaínas y seis guipuzcoanas que se negaron a presentarse al concurso público para adjudicar los trayectos de autobús. Su resolución todavía está pendiente.

Finalmente se firmó la paz entre ambas partes con el compromiso de seguir negociando nuevas condiciones. Fruto de esas conversaciones, hace algo más de dos meses, antes de sacar a licitación las 416 rutas de centros públicos vascos que quedaron desiertas, el área que lidera Jokin Bildarratz anunció su decisión de pagar un 6% más a quienes cubrieran esos recorridos, lo que elevaba el valor total de los lotes hasta los 20,2 millones para garantizar un arranque «pacífico» del próximo curso.

Con los contratos aún por adjudicar, no parece que esa subida inicial vaya a ser suficiente, ya que hay un 28% del total de trayectos para los que nadie se ha ofrecido. Algunos afectan a escuelas que fueron especialmente reivindicativas durante la protesta, como la ikastola Etxaurren de Ayala (donde casi la totalidad del alumnado depende del transporte público) o el colegio Mendialdea, en Campezo. En Vitoria trastocaría la normalidad de escuelas como el CEIP Adurtza, San Ignacio, el instituto Ekialde y el centro de educación especial Gorbeialde.

Si se compara con el ejercicio anterior, la cifra queda lejos de los 126 servicios que se quedaron vacíos en ese momento. De cualquier forma, el servicio de estas rutas se prestará durante diez meses desde septiembre, con posibilidad de prórroga. De esta manera, una vez pase el próximo curso, Educación volverá a licitar los 584 itinerarios de todo el País Vasco a la vez, ya que los que sí se adjudicaron en septiembre del curso 2023/2024 tienen una duración de dos años.