Yanire Euba
Viernes, 19 de julio 2024, 00:14
Una familia con «un bebé de 3 meses» fue desalojada ayer a mediodía de una vivienda social de Alokabide en Salburua. Sus miembros aseguraron ser «víctimas de una estafa» y, según su versión, abonaron «2.000 euros» al inquilino oficial, sobre el que realmente pesaba ... la orden judicial.
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Sabedores de que iba a producirse el operativo, simpatizantes de Etxebizitza Sindikatua trataron de impedirlo, lo que se tradujo en varias cargas policiales. Hacia las 12.00 horas, los efectivos desplegados de la Ertzaintza y Policía Local ejecutaron el mandato judicial. Según fuentes de Etxebizitza Sindikatua, los expulsados pagaron «2.000 euros a un arrendador que les prometió una vivienda». La normativa del Gobierno vasco lo prohíbe.
Hace unos meses, esta familia se enteró de que el inquilino oficial iba a ser expulsado, por lo que -con el apoyo de Etxebizitza Sindikatua- se puso en contacto con Alokabide y lograron «retrasar hasta ayer» el desalojo. Desde el Gobierno vasco indicaron que «la vivienda estaba ocupada de forma ilegal».
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