Los dueños de Uleta quieren empezar las obras «de inmediato» pese al veto de Urtaran

El Gabinete Urtaran tomó la decisión a primera hora de ayer, poco antes de que los dueños firmaran el contrato de las obras, que consiste en el último trámite previo a la entrada de las máquinas. Los promotores alegan que no fueron «notificados» de la forma adecuada, sino «a viva voz» y consideran legítima la puesta en marcha de los trabajos, que será inminente.

El Ayuntamiento optó por aceptar a trámite un recurso de alzada contra la decisión de la junta de propietarios de Uleta, que encargó a Yarritu los trabajos el pasado 23 de febrero. El recurso del Gabinete Urtaran, que basa la decisión en una posible afección ambiental, persigue la paralización de los trabajos, al menos hasta que se conozca el resultado (será el propio Ayuntamiento el que lo decida) o exista una resolución judicial, con el objetivo de que los terrenos no sean urbanizados. El Ayuntamiento persigue convertir esos terrenos en agrarios en el próximo Plan General, en plena revisión.

Los promotores creen que el remate de la Ronda Sur sigue vigente por contar con la aprobación del proyecto de urbanización en 2009, lo que a su juicio funciona a modo de licencia de construcción. El Consistorio, por su lado, asegura que llevar a cabo esa obra es «ilegal», y que «los plazos están vencidos». Por ello, el Gabinete Urtaran suspendió de forma reciente el otorgamiento de nuevas licencias en 25 zonas de la ciudad, incluido Uleta, pero los dueños sostienen que no afecta a la Ronda Sur porque no se trata de un permiso nuevo. Todo apunta a que la polémica derive en una larga batalla judicial.

La resolución que adoptó ayer la junta de gobierno local también incide en el tiempo transcurrido desde que autorizó el proyecto para pedir ahora un paréntesis. «El proyecto de urbanización del sector 17 se aprobó el 3 de julio de 2009 y desde esa fecha no se ha llevado a cabo ninguna actuación urbanizadora del sector, por lo que no es predecible que la suspensión durante un plazo mucho más breve que aquel pudiera originar consecuencias significativas para los intereses privados», señala.

Según el Ayuntamiento, en caso de que el recién presentado recurso fuera estimado una vez iniciadas las obras, «deshacer la urbanización y restituir la parcela a su estado originario causaría un gran perjuicio, con unos resultados potencialmente imposibles o muy difíciles de reparar en términos técnicos, ligados a un coste económico desproporcionado, además de un notorio impacto ambiental».