Los dueños de Uleta denuncian el borrado «intencionado» de su expediente de obras

Los promotores se encontraban en pleno proceso de selección de la mejor oferta para llevar a cabo la urbanización de la fallida Ronda Sur y la parte trasera de la residencia Etxebidea cuando el sistema de contratación pública sufrió una caída repentina. A pesar de que después recuperaron los archivos, los promotores han pedido a la Ertzaintza que investigue lo ocurrido, ya que están convencidos de que alguien solicitó la «eliminación» del expediente. Así lo reflejan en la denuncia, a la que ha tenido acceso EL CORREO.

Los dueños de los terrenos, que presentaron la denuncia en nombre de la junta de concertación del sector 17, relatan que una hora antes de la apertura de los sobres con las ofertas, el expediente «existía» y la plataforma funcionaba de forma «correcta». Sin embargo, el trámite «no fue posible» porque en ese mismo momento la documentación «no constaba». Al preguntar por lo sucedido, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE), que gestiona el servicio, les confirmó que el expediente había sido «borrado».

Los promotores subrayan en la denuncia que su expediente era «el único que figuraba como borrado» y que, por tanto, «se descarta un fallo informático generalizado» en el sistema. «De alguna manera se accedió a la plataforma y con total intencionalidad se instó el borrado del expediente», aseguran.

En este sentido, señalan que el servicio técnico de la plataforma de contratación les comunicó que la eliminación de los documentos se había «solicitado en sede electrónica». El mismo servicio les explicó, siempre de acuerdo con lo expuesto en la denuncia, que existían dos posibles motivos: por un lado, una petición online de las empresas, algo que descartan por ser las principales interesadas, y que existiera una «solicitud previa dentro del propio sistema de gestión de la plataforma». «Es un hecho de extrema gravedad, porque de alguna manera se había procedido de forma intencionada a la eliminación del expediente desde la propia sede electrónica, sin que mediara una orden de quienes, se supone, tienen autorización», recalcan.

La eventual pérdida de esos documentos se habría traducido en «iniciar de nuevo su tramitación». Esto supone, según exponen los denunciantes, «una demora en la adjudicación del contrato de obras y su ejecución, y da lugar a importantes daños de carácter económico para esta junta y las empresas licitadoras». El presupuesto inicial para los trabajos de esta fase asciende a 3,65 millones de euros.

La denuncia llega poco después de que el Ayuntamiento optara por suspender la concesión de nuevas licencias urbanísticas en 25 sectores de la ciudad, donde destaca Uleta (Ampliación San Prudencio Sur). El Gabinete Urtaran apostó por este movimiento para ganar tiempo hasta aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que busca cambiar la catalogación de esos terrenos. Pasarían de poder albergar viviendas a ser zonas rurales, donde no se podría construir. Los propietarios reactivaron el proyecto, paralizado durante más de una década, poco después de que se conociera la intención del gobierno de desclasificar ese sector, ya que la norma urbanística no podría modificar zonas que ya estén urbanizadas.