Las instituciones alavesas: «El soterramiento es estratégico y su financiación está acordada»

«El soterramiento es un proyecto estratégico para Vitoria y Álava. Los porcentajes de su financiación están acordados. Es la hora de impulsarlo desde la lealtad y colaboración institucional», reclamó Urtaran, el más madrugador con un mensaje a través de sus redes sociales. «Es esencial para el futuro de nuestro territorio. Álava participará en su financiación. Es necesario abordarlo ya», secundó González por los mismos canales pocos minutos más tarde. Una contundente respuesta que recibió el apoyo de las altas esferas del PNV y que sirvió para devolver la pelota al tejado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -lo que hasta ahora se había conocido como Fomento- de cara a la reunión que el 10 de mayo se ha programado para profundizar sobre este proyecto.

La incertidumbre sobre la financiación transmitida por Denis Itxaso viene a completar las declaraciones previas del consejero vasco de Transportes, el también socialista Iñaki Arriola, en las que incluso contempló la posibilidad de hallar «soluciones provisionales» para la llega del TAV a la capital alavesa hasta que «las condiciones de los trabajos lo permitan»; es decir, no descartó una alternativa al soterramiento. Respecto a los plazos, el dirigente socialista los situó más allá de 2026.

Muchas cosas han cambiado desde que el 17 de enero de 2019, el ministro José Luis Ábalos presentó junto a González, Urtaran y la entonces titular de Infraestructuras en el Ejecutivo autonómico, Arantxa Tapia, la solución técnica elegida para la entrada del TAV en Vitoria de forma soterrada, un proyecto que contemplaba una reforma integral de la estación de Dato. En aquel momento se habló que la transformación de todo este entorno supondría una inversión de casi 435 millones de euros con una intervención global de 724 millones si se suma el tramo de conexión con el imprescindible enlace Burgos-Vitoria.

Una de las causas del retraso desde aquella fecha ha sido su farragosa tramitación y una pandemia con evidentes consecuencias en el sector del transporte y la economía. Entonces, se estableció que el Gobierno central asumiría un 50% del coste; Lakua, un 25%; el Ayuntamiento, un 15% y la Diputación, el 10% que resta. Ahora, según Itxaso, el proyecto va quemando etapas, pese a todos sus retrasos, «se verá el coste y ahí es cuando las instituciones alavesas tendrán que ver hasta qué punto pueden asumir esa solución». Para Urtaran y González no hay dudas, sino la necesidad de acometerlo con «lealtad y colaboración institucional».