Dudas y certezas en el crimen de Ana Belén

No se discute el hecho, un «asesinato con alevosía». Esta partida de ajedrez judicial versa sobre los atenuantes y agravantes. Tres y tres. Los que elija el jurado marcarán la pena final (el tiempo en prisión) que, esa sí, será decretada en unos días por la magistrada Elena Cabero, la firmante de la sentencia del 'caso De Miguel', la trama corrupta del PNV alavés. EL CORREO repasa las seis claves. Las acusaciones reclaman 25 años para este antiguo vecino de Zaramaga. La defensa baja a 15.

Sólo hay un punto coincidente entre acusaciones y defensa. Es el agravante de alevosía. El imputado «aseguró el éxito de su acto sin dejar opción de defensa a la víctima». Agustín atacó por la espalda a su mujer con un martillo. No pudo reaccionar.

Allegados, familiares y conocidos, a excepción de sus dos hijos, han dibujado al único encausado como una persona «controladora», «celosa», «fanfarrona» y que incluso «consideraba a Ana Belén de su propiedad». Le miraba el móvil. Utilizaba a sus vástagos, menores en esa época, para «espiarla». Hasta telefoneó a un conocido para exigirle que dejara de chatear con ella. El día 25 de septiembre de 2017, con la relación rota, Agustín se plantó frente al chalé de un vecino de Turiso. Dentro, ese hombre y su aún esposa mantenían relaciones íntimas. «Él permaneció 45 minutos fuera, contemplando y sin decir nada». Una semana después, la mató. La única que definió la relación como normal fue su hija mayor. El viernes, la Unidad de Valoración Forense Integral dijo que el acusado «manipuló afectivamente» a sus hijos. Ambos le visitan en la cárcel de Zaballa con regularidad.

En términos jurídicos, el ensañamiento computa como un daño extra, e innecesario, a la víctima. «Si alguien muere en la primera puñalada y luego recibe veinte más no hay. Si recibe veinte y fallece en la decimoquinta, por decir una, sí existe», alecciona un letrado vitoriano. Según el firmante de la autopsia, Ana Belén cayó al suelo «inconsciente» con el primer golpe. «Mínimo recibió seis de entidad y otros menores hasta sobrepasar los 16». El sexto resultó «mortal» de necesidad. Pero existen dudas en este punto. «Pudo dejarla inconsciente y el corazón seguir latiendo un minuto o dos», atajó el galeno que estudió el cadáver. De acuerdo a lo escuchado a este experto y a la pregunta que les formule la magistrada Cabero, el jurado deberá decidir si hubo o no.

La aceptación de estos agravantes, o al menos dos de ellos, podrían elevar la pena definitiva a una horquilla «de veinte a veinticinco años» de condena. Como contrapunto, la defensa plantea tres atenuantes. Si su tesis convence, el tiempo entre rejas de este exempleado de Mercedes descendería a una horquilla «de quince a veinte años». Hay que recordar de nuevo que el jurado decide los cargos y la magistrada, tras estudiar el juicio, los años.

El 3 de octubre de 2017, Agustín negó en varias ocasiones su autoría. Según se cerró el cerco de la Policía Nacional acabó por 'cantar' al día siguiente. En el segundo registro de la casa señaló el arma del crimen, un martillo. El instructor policial cree que «lo hizo porque posiblemente no quería que encontráramos otras armas que lo relacionaran con otros hechos». Se refería a las dos mujeres atacadas en Miranda por un desconocido. Sospechan que fue el propio procesado para fabricarse una coartada. Por eso movió el cuerpo hasta esa localidad.

Además de pedir perdón a sus hijos y de intentarlo el lunes con la familia de su mujer -la jueza no le dejó y se prevé que se excuse el miércoles, en su turno final de palabra-, Agustín ha renunciado a sus bienes. Es un regalo envenenado. Al no querer vender la casa de Turiso, los hijos han heredado también sus deudas, gastando así la indemnización del Gobierno vasco por víctimas de violencia de género. «Pagan 1.500 euros mensuales», contó una perito. Agustín les inyecta «300 euros al mes» que obtiene por su labor en el taller de la prisión.

El asesinato de Turiso ocurrió en octubre de 2017 y el juicio arrancó el pasado lunes. La defensa estima que esos tres años largos de espera han sido excesivos y perjudiciales para su cliente. La demora habitual en causas tan complejas ronda los dos años en Álava.