Dos alaveses logran cada mes la nulidad de su matrimonio por la Iglesia católica

Va un botón. En los primeros cinco meses de este 2024, nueve alaveses iniciaron este procedimiento de nulidad matrimonial para, básicamente, poder volver a casarse por la Iglesia. Parecen pocos, si no fuera porque en todo el 2023 hubo siete peticiones.

«Nuestra obligación en los preliminares es intentar que el matrimonio supere la crisis por si fuera una decisión en caliente», acota el vicario judicial Félix Ruiz de Larrinaga. Rara vez prospera esa alternativa. «Cuando nos llegan, están divorciados (por la vía civil) de tiempo atrás. No es posible reconciliar. Algunos ya están casados con otras personas. Ayudamos en ese momento que vive la persona, que no viene por capricho sino por conciencia». Por sus creencias religiosas.

A partir de ese punto entra en la ecuación una abogada, quien estudia cada caso. Esta letrada especializada es Laura García Ricobaraza. Suele llevarle un mes determinar si la solicitud se ajusta a derecho. Las causas para aceptar son un calco a las del derecho civil. De esta manera, si el proceso prospera, la sentencia de nulidad se inscribe en la partida de bautismo. «Así, cuando para un nuevo matrimonio en la parroquia te piden la tramitación del expediente ya consta que tu relación anterior ha sido declarada nula», sintetiza. Y al igual que un divorcio convencional, «se inscribe en el Registro Civil en la partida de matrimonio».

Entre la demanda inicial y esa inscripción suele transcurrir «un año» como máximo. Antes, Ricobaraza, Ruiz de Larrinaga y el juez diocesano Juan Manuel Ochoa de Aspuru celebran lo que serían juicios eclesiásticos en la sala de vistas de la Diócesis. «No llevamos togas. Es una relación directa», advierte el vicario judicial.

¿Cuál es el perfil de sus solicitantes? «Tienen entre 30 y 50 años. Antes las mujeres eran mayoría. Ahora son ellos», traza Ochoa de Aspuru. Tras obtener la nulidad, «son solteros para la Iglesia y divorciados para el Estado», apunta Larrinaga. El proceso cuesta un máximo de 1.600 euros. Las cuotas se ajustan a la economía del solicitante (sólo paga el que abre esta vía), que llegan a ser gratis para las personas vulnerables.