La diputada Barredo ante la investigación de la Fiscalía: «No me he saltado ni una coma legal»

«Esta exviceconsejera y desde luego su director (de Calidad Ambiental del Gobierno vasco, Javier Agirre) hemos realizado nuestro trabajo con honestidad y de acuerdo al marco legal establecido. No nos hemos saltado ni una coma legal. Todas las autorizaciones ambientales que se han firmado, que han sido muchas y que son extremadamente complejas, han sido con el aval y el asesoramiento de equipos técnicos y jurídicos», ha subrayado Barredo.

Pero tanto la ahora diputada como González no han querido que se analice este caso como una cuestión aislada. El máximo dirigente foral, que ha intervenido primero, ha sugerido que existe una estrategia de «condicionar» la gestión de las administraciones públicas vascas con la presentación de «denuncias técnicamente muy complejas que se alargan en el tiempo y que se acaban archivando», pero que en ese intervalo permanece «en tela de juicio» toda la gestión. Una afirmación que tiene su origen en que los tres últimos viceconsejeros y directores del Departamento de Medio Ambiente han sido denunciados y todos, de momento, han resultado exculpados.

En su relato indicó que, para su sorpresa, el Ministerio Público le comunicó el pasado 24 de marzo el fin de las diligencias abiertas tras recibir una denuncia de colectivos ecologistas y la remisión de sus conclusiones al juzgado de instrucción «con escrito de denuncia en el que se señala que tengo condición de investigada» y la fiscal reclamó a las autoridades de Lakua que les remitiera el expediente administrativo. «Lo meramente formal. No se pide ni la colaboración de la policía judicial para llevar a cabo ninguna clase de investigación. No se llama a declarar a ningún técnico, a asesores jurídicos, al director o a mí misma», ha afirmado Barredo, quien se lo comunicó a Arantxa Tapia y al Gipuzkoa buru batzar del PNV (GBB) a la vez que remitió su denuncia a la Comisión Ética del Gobierno vasco «para que tomasen las decisiones pertinentes».

¿Y por qué no se lo dijo a Ramiro González cuando le ofreció ser diputada de su gabinete y éste tuvo que enterarse a través de los medios de comunicación cuando había asumido el cargo? «Porque estoy convencida que la causa acabará archivada», ha confesado Barredo. «Yo estoy muy tranquila porque he sido honesta y he actuado cumpliendo la ley. Eso sí, no me he sentido respetada en mi derecho fundamental de la presunción de inocencia», lamentaba.

La afectada ha expuesto de manera extensísima -a veces demasiado técnica hablando de estrategias de residuos, procesos químicos de revalorización, decretos y clústers- todo lo que rodea a la autorización suscrita por ella, como 'número dos' de la consejera Arantxa Tapia en el Gobierno vasco, para el desarrollo de una planta de residuos papeleros en la comarca guipuzcoana del Alto Deba, pese a la oposición del consistorio que gobierna EH Bildu.

Según su versión, el ayuntamiento, y no ella, fue quien dio un 'volantazo' en plena tramitación 'reclasificando' la actividad de la iniciativa de Valogreen «cuando no tenía esa competencia» para que fuese incompatible con el plan de ordenación urbana y siendo consciente del recelo que estaba levantando entre los colectivos medioambientalistas, cuando ya contaba con toda clase de autorizaciones y estudios.

González, por su parte, ha defendido a la miembro de su ejecutivo. «No hay ninguna investigación judicial contra Amaia Barredo», ha subrayado el máximo dirigente foral, quien lo único que ha admitido es que una organización ecologista trasladó en su momento una denuncia a la Fiscalía pero que a él «no le consta su admisión a trámite» por parte de los tribunales. «Tengo la plena convicción de que la señora Barredo actúa siempre respetando la legalidad y los informes técnicos que conllevan la toma de cualquier posición», ha manifestado.

El mandatario del PNV ha recordado que tras escuchar a Barredo, el 5 de julio trasladó directamente esta situación a la Comisión foral de Ética Pública y Buen Gobierno. Este órgano que preside la primera teniente de diputado general, la socialista Cristina González, respaldó que Barredo «puede continuar en el ejercicio del cargo», aunque «si finalmente las actuaciones judiciales desembocan en la apertura de juicio oral esta comisión recomienda el cese cautelar». Una situación que «estoy seguro que no va a ocurrir», se ha arriesgado a vaticinar el diputado general.