La Diputación de Álava lleva a Fiscalía a una residencia por atar a una anciana y saltarse el Covid

Si durante su instrucción los inspectores tienen sospecha de delito «interpondrían una denuncia formal», agregaron. Por ahora la Fiscalía «está informada de las circunstancias que han concurrido, y tiene en su poder copias de las actas de inspección». Ello se enmarca, tal y como precisaron, en el envío de información a la Fiscalía que efectúan «semanalmente» sobre la situación de las residencias por la pandemia. Por su parte, fuentes del órgano que en Álava dirige Iosu Izaguirre apuntaron que están a la espera de recibir dicha documentación foral. Respecto al expediente abierto por la Diputación, ahora está en periodo de alegaciones, en el que la residencia podrá presentar documentación, y una vez que el plazo transcurra, el ente foral «resolverá si se le imponen esas sanciones».

La residencia, un centro de tipo vivienda comunitaria (categoría que permite acoger a un máximo de 14 residentes) situada en la tranquila población de Arrazua-Ubarrundia, en las inmediaciones del embalse de Ullíbarri-Gamboa, podría enfrentarse a multas que pueden llegar a alcanzar los 660.000 euros; 600.000 por atar a una usuaria sin contar con la obligatoria autorización, infracción calificada como muy grave, y otros 60.000, falta grave, por no cumplir protocolos contra el coronavirus. Los responsables del centro, que gestiona la firma Antzina, perteneciente al grupo Aneim ATE, comunicaron el viernes al servicio de inspección de Diputación su intención de cerrar, apuntaron fuentes forales. Este periódico se puso ayer en contacto con Antzina, desde donde se abstuvieron de realizar valoraciones.

Las infracciones se comenzaron a detectar a inicios de noviembre, cuando el centro sufrió un brote de Covid-19 que afectó a 9 de los 12 usuarios y en el que fallecieron dos mayores, según los datos de Diputación. La primera de las visitas de la inspección foral tuvo lugar el día 11 de ese mes, cuando hallaron al menos 32 irregularidades en el protocolo sanitario, siendo la más grave una referente a que se ataba a una residente sin el correspondiente consentimiento (esta práctica se lleva a cabo en geriátricos, pero requiere de autorización médica). «Mantienen con sujeción abdominopélvica a usuaria con pico febril», recogen los informes. Además, al parecer, carecían de suficiente personal, lo que hacía que tras atender a los casos positivos entraran en contacto con los negativos. Las inspectoras advirtieron en ese sentido que el centro «mantiene la ratio de dos trabajadoras de mañana, dos de tarde y una de noche».

Un día después se realizó otra inspección sin previo aviso, donde se volvió a constatar la falta de suficiente personal para un cuidado «óptimo» de los mayores. También se observaron carteles en las habitaciones con la palabra 'semiconfinamiento', cuando los usuarios tenían que guardar cuarentena, y a la mujer atada en su habitación, que el personal señala que se mantenía así para que no saliera de su cuarto, ya que debía estar en aislamiento. En los informes se apunta también que se detectó a una mujer con positivo confirmado en una habitación que gritaba pidiendo ayuda.

Desde la Diputación se advirtió por escrito a la dirección de que «no existe pauta médica» para la citada sujeción, calificándola de «injustificado». El 13 de noviembre se completó la tercera visita en tres días consecutivos, pero el personal desconocía las indicaciones que se les habían dado solo un día antes. Además, la residente continuaba atada. Los inspectores avisaron de «la gravedad de la utilización de medidas de sujeción sin pauta médica».

Posteriormente hubo dos visitas más los días 17 y 18, así como una llamada de comprobación el 24 de ese mismo mes. A raíz de esas inspecciones, el ente foral abrió un proceso con dos propuestas de infracción; una «grave» que va de 12.001 a 60.000 euros por la falta de medidas contra el Covid ni haberse implementado tras los primeros avisos, y la segunda muy grave que oscila entre los 60.001 y los 600.000 euros por mantener a la usuaria atada sin justificación. La Diputación trabaja en comprobar la gravedad de dichas infracciones.

Por su parte, el cierre anunciado por los gestores del centro, además de las infracciones que han salido a la luz pública, ha generado cierta alarma e inquietud entre los familiares, que se ven obligados a buscar otras plazas. La empresa ya contó con otra vivienda comunitaria en el centro de Vitoria, que cerró hace meses. La Diputación comunicó a los responsables que no pueden cerrar sin haber informado a las familias y sin haber realojado a todos los usuarios.