La Diputación redobla el control sobre las 233 residencias y recursos sociales de Álava

El desconocimiento y las dudas sobre este servicio que se presta desde hace décadas ha llevado a que la Diputación publique el plan de inspección al que se somete a 233 recursos sociales, donde se incluyen geriátricos, viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, centros de día y equipamientos rurales para mayores, personas con discapacidad, víctimas de la violencia de género, menores, gente con problemas de salud mental y colectivos en situación de exclusión social. El objetivo, según explicó Sola, es «velar por el respeto a la dignidad y los derechos de los usuarios».

El nuevo protocolo provocará que se hagan visitas anuales a los centros para personas mayores y víctimas de violencia machista tanto de gestión pública como privada del territorio histórico. Una labor que se realizará en grupos de dos inspectores, es decir, el doble de lo que hasta ahora venía siendo habitual. «Durante la pandemia nos hemos cuestionado el orden de prioridades de algunos aspectos que hay que inspeccionar en los centros», reconoció.

Entre esos aspectos se incluye la supervisión de las instalaciones, una prestación adecuada de los cuidados básicos y de alimentación, la ejecución de planes de atención individualizada, el control de ratios de personal, el conocimiento de los protocolos de seguridad -donde además de los epidemiológicos se incluyen los referentes a caídas, úlceras, sujeciones o errores de medicación- y si disponen de las figuras profesionales que establece el último decreto del Gobierno vasco, como trabajadores sociales, enfermeros, médicos, psicólogos o fisioterapeutas. Además, y como se ha hecho desde el estallido de la pandemia, las visitas de los inspectores forales se realizará sin previo aviso o de madrugada, por lo que no tendrán tiempo material para corregir las hipotéticas vulneraciones de las que son conscientes.

También se prestará especial atención a las historias de vida de las personas residentes para que el servicio sea más «personalizado» y no responda exclusivamente a criterios de organización del centro. Eso sí, Sola reconoció que los centros más pequeños o aquellos más alejados de Vitoria cuentan con «más» dificultades para hacer cumplir estos criterios, pero que inicialmente ya están cumpliendo.

El objetivo de la Diputación es que los inspectores cuenten con una «mirada más amplia» que sirva para garantizar la calidad de los centros, por lo que también se realizarán encuestas a los residentes y familiares. «No solo pretendemos la revisión de las condiciones materiales, funcionales y de personal de los centros y servicios sociales, sino también velar por el respeto de los derechos de los usuarios mediante el fomento de las buenas prácticas en la atención a las personas», subrayó el titular de Políticas Sociales.

«Este plan tiene una mirada más amplia que la mera comprobación del cumplimiento de la normativa. No sólo nos fijamos en lo que está en la norma, sino en la calidad y la dignidad de la persona usuaria», recalcó Emilio Sola. Habrá varios tipos de controles: administrativos, presenciales, de calidad y aquellos que respondan a una denuncia o queja.

Según los datos publicados por el diputado, durante 2020 se realizaron 200 visitas en Álava, el doble que en el ejercicio previo. En los cinco primeros meses del presente año ya se han realizado medio centenar. Las sanciones más importantes que se han registrado en los últimos años responden a 60.000 euros por acumulación de incumplimientos -un caso que ya se públicó- y 30.000 euros por no comunicar oficialmente el cierre del geriátrico a la Diputación, como administración competente.