La Diputación de Álava tendrá que publicar en el plazo de seis meses un decreto en el que se regulen los procedimientos para la concertación de plazas en residencias privadas de Álava. Tanto para Vitoria como para la zona rural. El objetivo es «garantizar ... la prestación de servicios en las mejores condiciones de seguridad jurídica, calidad asistencial y agilidad y rapidez en la gestión». Todo esto, «desde la responsabilidad pública pero consolidando la continuidad y sostenibilidad del actual modelo de gestión público-privada». A ello se han comprometido los grupos gobernantes del PNV y PSE tras respaldar una enmienda de sustitución presentada este miércoles por el PP en las Juntas Generales.
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Hasta la fecha, el Departamento foral de Políticas Sociales tenía dos fórmulas para designar esas plazas. A través de la homologación de centros en Vitoria (230) y mediante licitación para el resto del territorio (36). Con el mecanismo que entrará en funcionamiento en medio año, esas plazas serán permanentes -no será necesario convocar continuamente concursos-, englobarán a toda la provincia y podrán acogerse las residencias con menos de 40 plazas, que hasta la fecha quedaban relegadas.
Esto en ningún caso significa que la concertación de plazas en geriátricos no se controlaba. «Hasta ahora hemos contado con un acuerdo marco -el último, aprobado en diciembre del año pasado- que regula la concertación. Se busca mejorar la calidad en las personas mayores buscando los cuidados más adaptados a las necesidades de cada persona y fijando servicios como la presencia permanente de personal cuidador, apoyo de un equipo multidisciplinar que garantice la atención integral...», ha explicado Mamen Álvarez, juntera del PNV.
«Ahora, se trata de una regulación para poner negro sobre blanco en un decreto el procedimiento de concertación», ha añadido la coportavoz del PP, Ana Morales, proponente de la moción original de EH Bildu -que ha decaído- y planteaba el desarrollo de una norma foral. Los partidos que secundaron el pacto justifican que el decreto tiene un extenso periodo de información pública en el que se podrán recibir aportaciones por parte de los agentes del sector.
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Claudia Venceslao, de EH Bildu, había propuesto esta iniciativa porque «Álava cuenta con diferentes 'minimodelos' de atención a personas mayores como son las plazas públicas, las públicas de gestión privada (Ariznabarra), concertadas en centros privados (Cáser, Sanitas...), plazas privadas financiadas mediante la prestación económica vinculada a servicio y las puramente privadas. Estos tipos de plaza tienen una consecuencia directa, que es la diferencia en las condiciones de las personas atendidas y de quienes trabajan en cada una de ellas. Recibir el servicio en uno u otro es muy diferente», ha justificado la independentista.
La juntera de Elkarrekin Begoña Seco, por su parte, ha dibujado la situación de las residencias en el territorio histórico como «insostenible», que puso en duda que -como apuntan todas los estudios- Álava disponga de una red de servicios referente en España. «Eso no nos lo creemos», ha disparado. La primera en darle respuesta ha sido Morales (PP), quien le ha recomendado fijarse en el servicio que se presta en otros puntos del país. «En cualquier caso, el que tenga dudas o sospeche de algún caso grave, ahí tiene los tribunales y el servicio de inspección de la Diputación», ha rematado.
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