Con el macrojuicio sobre el 'caso Sansoheta' finalizado, y a la espera de la sentencia de la Audiencia de Álava, el diputado general defendió este martes el papel de la institución foral desde que tuvo conocimiento de que varios adultos habían pagado por mantener sexo ... con menores tutelados por la Diputación. «Las actuaciones adoptadas han sido numerosas e importantes», aseguró Ramiro González, que repasó una quincena de medidas tomadas desde que se destapó aquella situación hace más de un lustro. Entre ellas destacan -en cantidad- la revisión de diversos protocolos y la puesta en marcha de varios nuevos, aunque el líder jeltzale empezó su repaso por la primera respuesta a los hechos. «Se denunció desde el minuto cero lo que ocurrió», insistió, y se amplió la denuncia interpuesta por la madre de una de las víctimas «pocos días después» de que acudiera a la Ertzaintza.
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La Diputación alavesa, explicó González, hizo «seguimiento» del 'caso Sansoheta', que el pasado lunes quedaba visto para sentencia con la petición por parte de la Fiscalía de 157 años de cárcel para los seis adultos procesados por contratar servicios sexuales de seis chicos y una chica. Otros cuatro acusados llegaron días atrás a un acuerdo a cambio de la rebaja de sus penas. Desde que ocurrieron los hechos, entre febrero de 2016 y enero de 2017, la institución foral «abordó numerosas acciones y mejoras de protocolos» en el centro y «en el conjunto del área del menor y de la familia». En concreto, en las instalaciones donde estaban varios de estos menores bajo tutela foral se cambió la entidad que lo gestionaba entonces, se redujeron sus plazas y se trasladó a los chavales a otra ubicación con el fin de «evitar la estigmatización para que pudieran llevar a cabo su proyecto educativo con mayor tranquilidad».
Pero el grueso de las medidas que enumeró ayer el diputado general se centró en los protocolos internos para impedir un caso similar. Así, por ejemplo, se actualizaron los relativos a las situaciones de sospecha o evidencia de abuso sexual y al uso de ordenadores y se puso en marcha otro para las ausencias no autorizadas de los chavales en colaboración con Ertzaintza, Diputaciones y Eudel. El ente foral, además, activó «una comunicación más fluida» con la Fiscalía de Menores y decidió crear un nuevo centro «específico para menores con graves problemas conductuales».
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