La Diputación de Álava lleva al juzgado la desaparición de la escultura romana del Baco de Arkaia

Según destapó este periódico en enero, la escultura de Baco, que apareció en 1976 en unas obras de la Diputación en Arkaia, podría haber acabado en manos del entonces ingeniero foral de obras Jon Buesa, que más tarde acabaría siendo portavoz del PNV en las Juntas Generales, además de director de aguas de la Diputación y del Gobierno vasco. Consultado por este periódico, el exingeniero foral aseguró tener «una réplica» y desconocer dónde se encuentra la pieza original.

La publicación de la información provocó una cascada de reacciones de diferentes partidos políticos, que solicitaron la comparecencia de la diputada de Cultura, Ana del Val, y de diferentes asociaciones arqueológicas vascas y españolas. El Instituto Alavés de Arqueología y la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología, entre ellas, solicitaron al Ministerio de Cultura, al Gobierno vasco y a la Diputación el esclarecimiento de los hechos, la localización de la escultura romana y su protección.

También reaccionó la propia Diputación que a través del Museo de Arqueología Bibat se ofreció a estudiar la supuesta copia en poder de Jon Buesa con el fin de «ayudarle a demostrar que lo que tiene en posesión es una copia» y «quitarse de encima la falsa acusación», aseguraron fuentes del Departamento foral de Cultura. Sin embargo, «de momento, no ha permitido su análisis» para determinar si efectivamente es una réplica de yeso o se trata del original de mármol.

En noviembre de 2019, poco después de que el equipo de la socialista Ana del Val sucediese a los nacionalistas en el departamento de Cultura, este periódico le solicitó información acerca de la desaparecida escultura de Arkaia, que constaba «en manos de un particular» en publicaciones especializadas de la Diputación y de la UPV. Tras enterarse del caso, el departamento de Cultura solicitó a sus servicios jurídicos un informe «para tratar de recuperar la pieza». Dos años después, el pasado noviembre, este diario volvió a interesarse por el tema y la respuesta fue que «el asunto estaba ya prescrito y, lamentablemente, por doloroso que pueda parecernos, que nos lo parece, no había mucho que hacer si los actuales poseedores no quieren entregar la pieza», aseguraron entonces desde Cultura.

La investigación publicada por este periódico en enero reactivó el caso que llevaba dos años y dos meses sin ningún avance aparente, aunque la Diputación asegura haber trabajado desde el principio en su recuperación y haber mantenido conversaciones con la unidad de Medio Ambiente de la Ertzaintza, encargada de los delitos contra el patrimonio histórico-arqueológico.

El propio diputado general, Ramiro González, en sintonía con las declaraciones de Ana del Val, calificó de «deplorable» que un bien que es «patrimonio de los alaveses» esté en poder de un particular y aseguró en rueda de prensa que haría «todo lo posible» para recuperarla.

La apertura del contencioso en el Palacio de Justicia abre ahora la vía judicial para tratar de localizar esta pieza arqueológica y faculta a la Ertzaintza la investigación de los hechos para su esclarecimiento. De hecho, la institución foral muestra en la denuncia su disposición a facilitar cuantos documentos y datos sean necesarios para favorecer las indagaciones de la Policía autonómica.

Con este nuevo paso, la Diputación de Álava, que es la institución competente en gestionar el patrimonio arqueológico del Territorio Histórico, pretende «recuperar» la cabecilla, «devolverla al dominio público e incorporarla de forma definitiva a la colección del BIBAT», según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico. Mientras la Ertzaintza recaba pruebas y la Fiscalía investiga, «la jueza ya ha decretado el secreto de sumario», según han informado fuentes solventes.

El secreto sumarial limitará en cierta medida la información que la responsable de Cultura pueda aportar este viernes en su comparecencia en las Juntas Generales de Álava solicitada por EH Bilbu y el Partido Popular. Lo mismo sucederá con una segunda iniciativa de Bildu por la que solicita al diputado general que dé cuenta de la información que exista en cualquier departamento foral acerca del caso.