Álava limitará a los pueblos más pequeños su intermediación en el alquiler de pisos

Para eso, la Administración foral realizará un análisis previo del riesgo financiero de los demandantes con el objeto de comprobar que su capacidad de pago efectivamente se adecúa al contrato que se propone suscribir y, a partir de ahí, se establecerán una serie de garantías, como seguros de impago de rentas y desperfectos. El Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, que dirige la jeltzale Laura Pérez Borinaga, comprobará que el importe destinado al pago del alquiler no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario e incluyendo sus deudas pendientes -financiera y no financieras- no supere el 40%. Además, la persona interesada en arrendar tendrá que haber depositado a través de los mecanismos establecidos por la Diputación una fianza correspondiente a dos mensualidades, pues será a partir del tercer impago cuando se ponga en marcha la póliza y las medidas legales oportunas tanto judiciales como extrajudiciales.

Ese seguro multirriesgo debe incluir mecanismos para hacer frente a impagos y posibles daños. «La Diputación prestará un servicio de defensa jurídica a los propietarios adheridos al programa con respecto a las vicisitudes del contrato de arrendamiento durante ese periodo», apunta el documento que se encuentra en trámite de audiencia pública.

No puede participar cualquier casa en este programa. Debe ser una vivienda libre que se encuentre en núcleos de población inferiores a 3.000 habitantes ubicados en municipios menores de 20.000, es decir, se pretende excluir a las principales localidades del territorio y los concejos que pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria.

El inmueble debe emplearse como residencia «habitual y permanente» y el precio de arrendamiento debe ser igual o inferior a 700 euros mensuales. No pueden ser VPO y tienen que contar con «un aspecto pulcro y aseado» y un «mínimo» estado de habitabilidad, además de tener la cocina amueblada y un baño equipado y en perfecto estado de conservación.

«El presente programa surge para mitigar las dificultades en el acceso a la vivienda en el medio rural y trata de aumentar la oferta de vivienda disponible mediante la puesta en el mercado de inmuebles en alquiler a través del otorgamiento de una garantía y una serie de servicios a sus propietarios», subraya el decreto foral.

Pueden participar en este programa personas mayores de edad, que lleven dos años residiendo de «manera continuada e ininterrumpida» en el territorio histórico. En el caso de que haya varios interesados en el mismo piso, tendrán prioridad los empadronadas en el mismo núcleo de población o aquellos que trabajen allí para fomentar la economía.