La Diputación de Álava va a redoblar las inspecciones en casi 200 residencias y centros de día tanto públicos como privados del territorio para mayores, personas con discapacidad, menores y colectivos en exclusión social. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO, ... el Departamento de Políticas Sociales que dirige Gorka Urtaran ha redactado un nuevo protocolo que servirá para revisar las condiciones de estos equipamientos, así como velar porque sus usuarios (alrededor de 3.000) reciban «una atención de calidad y adecuada a sus necesidades».
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Siempre se ha establecido que las diputaciones son «garantes» del cumplimiento de los requisitos materiales, funcionales y de personal en este tipo de servicios, y así se ha hecho. Sin embargo, y sobre todo después de la dura experiencia de la pandemia en que el coronavirus se cebó con sus internos, se interiorizó la necesidad de contar con los protocolos adecuados para garantizar su seguridad. Por eso, el nuevo plan incide en que estas «inspecciones podrán llevarse a cabo en días laborables y festivos, tanto en horario diurno o nocturno, y sin previo aviso».
Las residencias tendrán que estar preparadas para que, en cualquier momento, un inspector llame a su puerta. Y estarán obligados a abrirle porque, de lo contrario, se considerará una «obstrucción» a la labor de control que está tipificada como infracción grave por la Ley vasca de Servicios Sociales. No existirán excepciones y durante los cuatro próximos años serán examinados todos los equipamientos de la provincia en una ocasión al menos, y a partir de ahí se desarrollará un seguimiento de las posibles deficiencias o incumplimientos que se registren.
La Diputación supervisará la correcta limpieza de las instalaciones, su estado de conservación y que son adecuadas para las características de sus usuarios. Se comprobará que «la prestación de los cuidados básicos» es adecuada, es decir, que se cumple con la higiene personal, la limpieza de ropa y la realización de actividades de atención por parte del personal sociosanitario. Pero también se comprobará que se ofrece una alimentación adecuada y variada.
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¿Y cómo se consigue evaluar todo eso? Pues en el caso de las dietas a mayores se hará un control periódico del peso de los residentes para analizar si han existido carencias en las raciones o se les está ofreciendo un tipo de comida que, de alguna manera, está perjudicándoles. También se controlará que cuenten con programas adecuados y permanentes para mantener activos a los internos, además deberán disponer de 'stock' suficiente de medicación.
Las residencias deberán contar con un plan de atención individualizada (PAI) sobre cada uno de los usuarios que incluyen una valoración integral, los antecedentes médicos, su grado de dependencia actual y una evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos definidos. También tendrán que disponer de las denominadas 'Historias de Vida' de cada uno de los usuarios, es decir, un documento donde conste la «narración por parte de la persona usuaria o sus allegados de su experiencia, valores, educación, gastos, afinidades y objetivos que ayuden a formar una imagen del usuario y comprender su comportamiento». Todo esto para avanzar en esa estrategia global de tratar de personalizar poco a poco la atención de quienes tienen que hacer uso de estos recursos.
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En esas 'visitas sorpresas' se observará si se cumple con los ratios de personal, además de que su distribución sea «proporcional y adecuada» en los distintos días de la semana tanto de día como de noche. «Para un análisis correcto de dicho apartado, el personal inspector podrá solicitar fichajes, contratos laborales, plantillas de turnos y planes de trabajo», recalca el texto remitido por el equipo de Gorka Urtaran a las Juntas Generales.
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Este tipo de exámenes serán ordinarios, aunque cabe la posibilidad de que se realicen tras la presentación de alguna clase de queja o denuncia por parte de algún usuario, familiar o trabajador que, de alguna manera, esté relacionado con el centro. En el caso de que abran una nueva residencia o centro de día, se necesitará una inspección previa para comprobar que cumplen con los nuevos requisitos establecidos.
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Será obligatorio disponer de distintos protocolos para saber cómo actuar en las situaciones más habituales que se dan en estos geriátricos. Ahí se incluyen las caídas, los problemas de movilidad, posibles malos tratos, úlceras por presión, derivaciones a Urgencias, errores de medicación, pautas para los visitantes, higiene y cuidado personal, y contenciones (sujeciones) físicas y farmacológicas.
Para medir la calidad del servicio que se presta, se podrán usar indicadores como la realización de encuestas de satisfacción de los residentes y sus familias, evaluar las actividades que se prestan, el grado de utilización de pañales o la posibilidad de usar las habitaciones para siestas, momentos de descanso u otro tipo de actividades.
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No sólo eso. Se va a implantar un registro foral de Servicios Sociales. Eso supondrá que entidades, servicios y centros que actúan en el territorio histórico estarán obligados a inscribirse en un sistema que se ha modernizado. Y es que el anterior data de 1999 y necesitaba adaptarse a la administración digital. No tener actualizados esos datos podría ser motivo de sanción.
Se comprobará el estado de la limpieza, el estado de conservación de las instalaciones y la adecuación de las dependencias a las características de las personas usuarias.
Se centrará en la higiene personal, la limpieza de ropa y las ayudas técnicas, además de la realización de actividades adecuadas por parte del personal de atención directa.
Se hará un control de dietas por profesional con formación en nutrición, control periódico de peso, existencia de menús especiales y raciones adecuadas.
Se analizarán los ratios de personal y se evaluará si disponen de figuras profesionales como trabajadores sociales, personal de enfermería, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas...
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