Diecisiete juicios en cuatro horas en el Palacio de Justicia de Vitoria

Se trata de los casos con autor conocido menos graves registrados por la Policía Local y la Ertzaintza en los últimos siete días. Ambos cuerpos, por cierto, se encargan de citar a los implicados. Los asuntos medianos tardan semanas en resolverse y los graves, un mínimo de año y medio. EL CORREO presenció estas sesiones rápidas. Es la justicia exprés.

Hasta cinco procedimientos desembocaron en sentencias «in voce» (de viva voz, al momento). Una señora que se había llevado una colonia. Un par de georgianos que, ayudados por una traductora, aceptaron una multa de 90 euros tras probar, sin éxito, sisar objetos de un supermercado.

«El reconocimiento de los hechos siempre se valora favorablemente a la hora de pedir una pena», alecciona el fiscal Cadena. Otro ciudadano también aflojó la cartera por meterse en la ropa un producto valorado en dos euros. Un hombre de mediana edad salió con una factura de 90 euros tras esconderse cuatro latas de bonito. El tope fijado en esta categoría judicial son los 540 euros.

A media mañana se llenó la sala de ciudadanos. Todos con rictus muy serio. Cuatro por un lado y una chica en el otro extremo. Los denunciantes y la denunciada. Los primeros exigen su marcha de su comunidad (no tiene propiedad a su nombre) por las «continuas» molestias causadas. Asunto enquistado. La magistrada sacó a relucir su mano izquierda.

«Podemos llegar a un arreglo antes de empezar. ¿Usted estaría dispuesta a marcharse a otro sitio y así retirarían la denuncia?», preguntó a la joven. Como aceptó el guante, obtuvo un mes de gracia para cambiar de aires y empezar de nuevo. «Muchas veces, el ciudadano no quiere una sanción penal o una multa, sino que le resuelvan el problema. Por eso también buscamos otras soluciones», subraya Román.

Un hombre señalado por apropiarse un disco duro negó la mayor. Su palabra contra la del establecimiento. «Lo saqué de su caja, lo cogí, me arrepentí y lo dejé», declaró. La grabación de las cámaras le dejó en muy mal lugar. Salió tan campante con su botín por la puerta.

La Fiscalía le reclamó una multa de 270 euros y otros 145 por el dispositivo, en paradero desconocido. Sin evidencias o cuando se trata de la palabra de una persona contra otra, la absolución es el desenlace natural. «En derecho penal hay que desvirtuar el principio de inocencia para condenar», insiste la jueza.

Caso de supuestas coacciones. Arranca la denunciante con una queja sobre la togada sentada a pocos metros. «¡No es mi abogada!», clama. Tras un pequeño rifirrafe se descubre que la ciudadana tuvo una reunión con la letrada el viernes y algo en ella no le gustó.

«Ha tenido tiempo de sobra para cambiar de representante», le espeta la jueza. Al final, la mujer, visiblemente contrariada por no salirse con la suya, decide seguir adelante con la vista sin la profesional... Y con pocos visos de ganar.

La representante de un supermercado entregó al final de su causa una bolsa llena de uñas postizas hurtadas por una pareja. Al quedar inservibles, la basura será su destino y su coste se exigirá a los condenados.

«La ropa con tara, porque le han quitado la alarma, la mandamos a ONGs». Si no hay desperfectos, vuelven al dueño legal y, por supuesto, se exime al acusado de pagar su valor. «Sería un enriquecimiento ilícito».