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Hace cuatro años que Izzedine Boutiba, de 36 años y nacionalidad argelina, entró a vivir como alquilado en el número 4 de la calle ... Castillo de Portilla, en el barrio de Ariznabarra, un distrito en su origen obrero y ahora de clase media muy cerca del parque del Prado y el estadio de Mendizorroza en Vitoria. Era reservado, nunca comunicó qué le había llevado hasta allí. «No nos dijo porqué quería venir a nuestra casa. En la entrevista previa a la firma del contrato aparentaba ser una persona normal, muy tranquila», confesaba el propietario del inmueble a EL CORREO. El casero no conseguía ayer salir de su asombro. Al alba, hacia las 6.00 de la mañana, agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en colaboración con el CNI, detuvieron a su inquilino por, presuntamente, pertenecer a la organización terrorista Daesh y efectuar labores de captación a través de su posición como presidente de una asociación cultural islámica.
Boutiba, que fue arrestado por orden de la Audiencia Nacional, vivía en el sexto piso y junto a él lo hacían dos personas más, mayores de edad, que dormían en habitaciones separadas. El viernes fue la última vez que el propietario del inmueble mantuvo una conversación con el detenido. «Hablamos sobre la renta, me había llegado el ingreso -750 euros al mes- desde la cuenta de otro chico», recuerda. Sin embargo, hace unos meses la conversación adelantaba lo que ha ocurrido en la mañana del lunes: «Me acusan de yihadismo», le dijo un día. «Pero yo estoy colaborando con la Policía», manifestó Boutiba a su arrendatario.
El Ministerio del Interior difundió ayer que sospecha que el detenido efectuaba labores de captación de nuevos terroristas y también para favorecer el regreso de 'foreing fighters' a Europa, así como a colaborar con yihadistas que aún permanecen en Siria. A pesar de la percepción que de él tenían los residentes, la Policía le dibuja como un sujeto de «perfil violento». En sus círculos más cercanos alardeaba de saber fabricar explosivos caseros. Llegó a decir que era «muy fácil», sostiene la Policía.
Recuerdan, además, que en una ocasión llegó a amenazar con un arma blanca a agentes de la autoridad, al grito de : «¡Voy a matar policías!». En otra, llegó a agredir a una pareja de patrulleros, por lo que fue detenido. También le sitúan al frente de una supuesta asociación cultural que lucha contra la xenofobia -de la que la Federación Islámica de Euskadi dijo ayer no tener constancia en absoluto- y de frecuentar una mezquita que está en el punto de mira de las autoridades por el carácter radical de sus miembros. Se trata de un templo ubicado en la calle Eulogio Serdán, en el barrio de Coronación de la capital alavesa.
Todo ello pasaba desapercibido para los residentes de su portal, aunque cada uno tenía su visión del arrestado, como ocurre en estas ocasiones. «Me he cruzado con él a veces y no me daba buenas sensaciones», deslizaba un vecino tras tener constancia de los hechos. La detención les ha llevado el «alivio» al cuerpo, confesaba una mujer. «Es algo que ves siempre en otras ciudades, pero cuando te toca de cerca...».
Tras el registro de su vivienda, Boutiba abandonó la zona esposado, con las manos en la espalda y la cabeza cubierta. Negó a gritos ser responsable de los delitos. «Juro por Dios que no soy terrorista. Soy antiterrorista», gritaba en el momento en que le subían al coche para ser conducido a dependencias policiales.
No se trata del único presunto radical islamista arrestado ayer. Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron en Cataluña a un súbdito holandés llamado Khalid Makran a quien los servicios de inteligencia tienen fichado como individuo sospechoso de generar peligro, según informó el propio ministro, Fernando Grande-Marlaska.
La Policía Nacional cree que el joven arrestado ayer en Vitoria pretendía destinar las prestaciones sociales que cobraba en Euskadi -y que compatibilizaba con un negocio encubierto de venta por internet- a mantener a personas que él mismo había adoctrinado en la causa yihadista. En concreto, tienen constancia de un caso de alienación remota hacia otra persona a la que enviaba de forma sistemática material audiovisual al objeto de inocular en ella el pensamiento radical. Al tener constancia de esta circunstancia, Lanbide suspendió de forma cautelar la prestación, mientras el PP reclamó que se incrementen los controles de las ayudas sociales para evitar casos como éste.
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