Estafas

Detectan un fraude de «falsos empleados de hogar» en Álava para conseguir arraigo

La normativa actual en materia de extranjería exige acreditar un empleo para solicitar la residencia en España. En el conjunto de la provincia, según ha sabido este periódico, se trata de «una práctica habitual entre sectores muy concretos», admiten medios conocedores de la situación. Un atajo «ilegal».

Estas personas desgranan a EL CORREO que existen variables. «Desde el amigo o el familiar que ayuda a uno de los suyos a acelerar su regularización» con esta práctica deshonesta a quienes «pagan por que les entreguen un contrato falsificado». Cifran esos pagos en «hasta 3.000 euros» por cada simulación.

Estas contrataciones de pega se enmarcan en procedimientos donde el extranjero no ha podido cotizar lo suficiente para renovar su autorización. Por lo que algún conocido se presta a figurar como empleador, normalmente en el régimen de empleados de hogar, para que obtenga la renovación.

El fenómeno también se da en otras partes de la geografía nacional, donde los operativos policiales han desembocado en detenciones masivas. 55 personas en Lanzarote hace ahora un año. Otras 31 en las islas Baleares antes de la pandemia. Fuentes internas de la Ertzaintza, Policía Nacional y Policía Local admiten que «a día de hoy» no hay «ninguna investigación abierta» alrededor de este posible fraude. Ni en Vitoria ni en el resto de Álava.

En parte se debe a que la Seguridad Social actua de oficio cuando algún caso le chirría. Da de baja aquellos vínculos que le parecen sospechosos de ser, en realidad, «aparentes relaciones laborales inexistentes». Por ejemplo, los empleados de hogar masculinos de ciertas nacionalidades. La administración extingue unilateralmente el convenio y elimina a los sospechosos del RETA (acrónimo de Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

Al menos desde 2017, la Seguridad Social ha detectado decenas de casos de varones foráneos contratados para tareas del hogar en distintos domicilios alaveses. Con el tirón de orejas administrativo se archiva la causa.

Sin embargo, uno de esos vetados –oriundo de Pakistán–acudió a un abogado vitoriano a mediados de 2018. El 6 de abril de ese año, el letrado Antonio Llavador recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2. Básicamente solicitó que se dejara sin efecto la anulación unilateral y que un juzgado de lo Social decidiera si había fraude o no. Meses después le dieron la razón.

La Seguridad Social apeló al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que también vio lagunas. Esa batalla legal subió al Tribunal Supremo. Ahora, esta sala ha ordenado que todo el proceso se revisarse de nuevo. Por lo que el TSJPV tendrá la última palabra.